El gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la denominada "Ley Antimafias", sancionada por el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. Así quedó plasmado en el Decreto 177/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
La norma endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y tiene como objetivo desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas, entre otros delitos.
La Ley 27.786 considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves.
“La presente ley tiene como objeto brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de tres (3) o más que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, destaca la normativa en su artículo 1°.
El primer capítulo de la ley establece que se considera organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que operen concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Estos grupos deben actuar de manera continua en áreas geográficas determinadas y con modalidades operativas definidas, siempre con la intención de obtener beneficios ilícitos o intimidar a la población.
La ley es aplicable a diversos delitos, entre los cuales se incluyen narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, entre otros. Además, introduce criterios claros para investigar la vinculación de delitos con organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en zonas específicas y la intención de amedrentar a autoridades o desplazarse a otras áreas de control.
Los cambios que introduce la Ley 27.786:
Investigación especial: la ley permite bajo ciertas circunstancias que las autoridades judiciales pueden declarar áreas geográficas como zonas sujetas a investigación especial, facilitando intervenciones de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con la justicia. Esto también permitirá la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales.
Modificación del Código Penal: introduce nuevos artículos que endurecen las penas para aquellos que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita. Las penas pueden variar entre 8 y 20 años de prisión para los involucrados en delitos de grave magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas.
Decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales: incluso antes de una condena, se habilitará la vía judicial para dicho fin. Si el Ministerio Público Fiscal solicita el decomiso de bienes de personas involucradas en organizaciones criminales, estos bienes pasarán inmediatamente al dominio del Estado. En el caso que la persona quede absuelta, los bienes serán restituidos, garantizando la protección del derecho de propiedad.
