Patricia Bullrich lanzó un protocolo para fiscalizar las redes sociales con agentes encubiertos

El gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo protocolo para el despliegue de agentes encubiertos digitales en causas judiciales de delitos complejos, donde los sospechosos utilizan los sitios web y las redes sociales para cometer ilícitos.

La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 828/2025 firmada por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. En concreto, se trata de un nuevo marco normativo para el desarrollo de las tareas de los “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales” de las fuerzas federales, cuando su intervención es requerida por la Justicia.

“Hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos (pornografía infantil, narcotráfico, terrorismo, etc.), por lo que los agentes Encubiertos Digitales constituyen una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo”, señalaron en una comunicación oficial desde el Ministerio de Seguridad nacional.

El protocolo regula los criterios para la designación de los agentes, y define las medidas de seguridad para quienes se infiltran cuando tienen que intervenir en la esfera digital. Hasta ayer, la Ley N° 27.319 reglamentaba las pautas para la actuación presencial de los agentes encubiertos, informantes y otras figuras similares, pero faltaban precisiones sobre su intervención en las plataformas virtuales.

 La normativa incluye la creación de un "Registro de avatares" destinado a planificar la generación y uso de identidades ficticias para brindar apoyo en las investigaciones penales. De esta manera, los perfiles de usuario que se creen para obtener información de los posibles delincuentes y organizaciones criminales estarán supervisados por la cartera de Bullrich.

Cómo funciona el nuevo protocolo
Según se desprende del protocolo, el procedimiento se inicia con el oficio judicial que ordena la utilización de un agente encubierto digital. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos solicita entonces a la fuerza policial o de seguridad interviniente la propuesta de un agente que cumpla con los requisitos de idoneidad y capacitación, fijados en la Ley 27.319.

Luego, otro organismo (la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos) analiza la propuesta y decide su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, se solicita una nueva propuesta.

El agente designado elige los datos biográficos ficticios (el “avatar”) que utilizará para cumplir su misión y debe elevar una nota de aceptación del cargo. La Unidad Especial registra la actuación bajo un código de seguridad único y mantiene la documentación bajo custodia reservada.

Además, se prevé que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) pueda cargar los datos ficticios en las bases correspondientes, y emitir la documentación física o digital respaldatoria, en caso de que se necesite.

El resguardo de la identidad ficticia es obligatorio para todos los funcionarios públicos que intervienen en el proceso, y se advierte que filtrarlo puede acarrear sanciones y otras responsabilidades penales.

Por último, se establece que el uso de la identidad ficticia queda limitado exclusivamente a la misión judicialmente encomendada. Al finalizar su tarea, las autoridades deben suprimir la identidad ficticia de todas las bases de datos. Solo de manera excepcional, se permite que el agente continúe utilizando la identidad falsa si se justifica para su seguridad personal o una nueva investigación.

El ciberdelito bajo la mira
En el transcurso de 2024, Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), y habilitó a las fuerzas federales a realizar ciberpatrullajes a través de la resolución 428/2024, con el fin de prevenir delitos de amenazas y otras formas de intimidación o coacción; operaciones comerciales con origen en hechos ilícitos, comercialización de instrumentos públicos, entre otras conductas reprochables.

Poco después, la órbita de actuación del ciberpatrullaje se amplió a las estafas piramidales, o aquellos “delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos”.

El último cambio que se produjo en ese sentido fue la reforma del Estatuto de la Policía Federal (PFA), que incorpora formalmente las tareas de ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales” como tarea preventiva, pero sin necesidad de orden judicial, según se publicó en el Decreto 383/2025. Aquella normativa definía que el cuerpo judicial cuenta con estas facultades siempre y cuando existan “circunstancias objetivas” que hagan presumir un delito o “ante la imposibilidad de esperar a que se tramite una orden judicial”.

Frente a un presunto ilícito, bajo estas condiciones, la persona podrá ser “conducida a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de 10 horas”, señala el nuevo estatuto policial, que dispone como derecho que la persona pueda comunicarse “en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza”.

La introducción de esa nueva prerrogativa generó polémica, al coincidir poco antes de las protestas en apoyo a Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad. La oposición denunció que la reforma “vulnera las garantías de intimidad, libertad de expresión y protección de datos personales”, y trascendía las prerrogativas del Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno, justificaron los cambios al indicar que el objetivo era “profesionalizar” las fuerzas de seguridad para ponerla a la altura de los “estándares internacionales como los del FBI”.

En simultáneo a la implementación del nuevo protocolo, la ministra Bullrich también dispuso la creación de un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos, que estará integrado por jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y oficiales de alto rango de las fuerzas federales.

El consejo estará presidido por el juez federal Ricardo Basílico y tendrá, entre sus funciones, la elaboración de pautas y contenidos para la capacitación de agentes encubiertos, la optimización de investigaciones judiciales y la minimización de riesgos en operaciones de infiltración.