Tras varios meses de tensión, Marco Lavagna dejó la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se mantendrá la fórmula actual para calcular la inflación, sin modificar las ponderaciones previstas para enero. La decisión generó debate entre economistas, que advierten sobre el impacto en la credibilidad del Gobierno.
Después de cuatro meses de aceleración de la dinámica inflacionaria, que en diciembre se ubicó en 2,8%, la nueva metodología que iba a comenzar a aplicarse desde el primer mes de 2026, en medio de un proceso de reestructuración de los subsidios, podía ser una dificultad para mostrar una desaceleración.
El principal cambio de la nueva fórmula era que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y reemplazar la utilizada desde 2004.
“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual. Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, sostuvo Caputo en una entrevista con Radio Rivadavia.
Y añadió: “Inevitablemente, la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, más o menos rápido dependiendo de la velocidad en la que aumente la demanda de dinero. Cuando eso pase, del otro lado (oposición) van a decir que la inflación cayó porque cambiamos el índice y no por el trabajo que hicimos”.
El argumento llama la atención porque, con la nueva fórmula, la ponderación del rubro Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles aumenta de 9,4% a 14,5 por ciento. Además, el Ministerio de Economía está por implementar un nuevo esquema de subsidios, que desde febrero dejó fuera a 140.000 usuarios de la categoría N3.
La mayoría de los economistas coincide en que la actualización de los ponderadores en base a una encuesta más reciente como la de 2017/2018 iba a dar un peso mayor a servicios de lo que tiene el índice vigente. “Si esperamos más aumentos de servicios, tal como sucedió el último tiempo (la inflación de 2025 de bienes fue 26,5%, la de servicios 43,1% y la general fue 31,5%), la corrección del índice a uno que pondera más los servicios hubiese dado un IPC levemente mayor que el actual”, sostuvo la economista de LCG, Florencia Iragui. A la vez, agregó que en un contexto de estancamiento del proceso de desinflación, el nuevo índice podría hacer más difícil cortar con la tendencia.
Para el director de Eco Go, Sebastian Menescaldi, el Gobierno falló en el momento de llevar a cabo el anuncio. “Lamentablemente, en Argentina ya tuvimos experiencias nefastas sobre el manejo de las estadísticas públicas y, en principio, uno cree que el Gobierno debería atenerse a lo que ya estaba estipulado. Cualquier otra modificación, lo que te genera es una pérdida de credibilidad”, apuntó.
Lucio Garay Méndez, economista de la misma consultora, señaló que el equipo económico ya había validado este cambio metodológico cuando lo anunció, indicando que se implementaría a partir de enero de 2026. En ese momento, el Gobierno sostuvo que la actualización era necesaria y negó que se tratara de una manipulación discrecional de los datos. Por eso, resulta sorpresivo que ahora se decida postergar la modificación.
En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), publicado a fines de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) destacó el que el cambio de la fórmula de inflación permitiría reflejar las modificaciones de los patrones de consumo de los hogares en respuesta a las fluctuaciones de los precios relativos, así como los cambios de hábitos y la aparición o desaparición de bienes y/o servicios del mercado.
“Se prevé que el nuevo IPC aumente significativamente la cantidad de precios relevados y de informantes, mejorando así su representatividad. En lo referido a la composición de la nueva canasta, ganarán peso los servicios en detrimento de los bienes”, marcó el reporte oficial, dando por hecho que su implementación comenzaría en enero.
Para abordar el dilema de Caputo sobre posibles cuestionamientos si se modifica la fórmula y la desaceleración se atribuye a ese cambio, Fausto Spotorno, director de la consultora OJ Ferreres, sugirió como alternativa publicar ambos indicadores, tanto el actual como el de la ENGHo 2017-2018.
Por su parte, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, coincidió parcialmente con el titular del Palacio de Hacienda respecto a que con la nueva fórmula arrojaría un menor IPC que la vigente. En la consultora, el relevamiento de precios de enero con la metodología anterior registró un aumento de 2,4 por ciento. Al aplicar la simulación con las nuevas ponderaciones, el resultado descendió a 2,3 por ciento.
