Acusaron al ex titular de un organismo social que abastecía a comedores por el desvío millonario en fondos públicos

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Salta presentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico de $150 millones.

Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D.— fueron imputadas como partícipes necesarias.

A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.

Qué reveló el caso

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.

La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.

A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.

Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.

Fraude en PAMI

A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.

Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.

“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.