Luego de la resolución del Gobierno de Santa Cruz de firmar este lunes un aumento a la Policía provincial, aún se mantienen focos de conflicto salarial acotado a El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras persiste un acampe de más de 45 días frente a la Gobernación.
Esta medida, impulsada por efectivos que rechazan el esquema fijado por decreto y denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza, se centra en el campamento frente a la sede gubernamental provincial que ya lleva 45 días bajo el rigor del frío que llega a sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.
Según el comunicado difundido por el Gobierno de Santa Cruz, la suba fue establecida por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El bloque oficialista afirmó que esa recomposición ubica a la fuerza entre las tres mejor remuneradas del país. Pero un grupo de policías, retirados, bomberos y personal del servicio penitenciario mantiene la medida de fuerza.
El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que elevó el piso salarial a $1.700.000 para los ingresantes. Los manifestantes reclaman un básico de $2.200.000 y exigen que la mejora alcance también a retirados y pensionados.
Dicha recomposición salarial, según informa el decreto, se realizó “mediante la actualización del valor punto, la creación del adicional remunerativo y no bonificable denominado “Compensador” y del adicional no remunerativo y no bonificable “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, destinada al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provinciales. Y el Gobierno agregó que esto “consolida una mejora sustancial del salario del personal y fortaleciendo su poder adquisitivo”.
Pero el decreto también introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. Según el Gobierno provincial a partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.
Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.
Tras esa decisión, algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas; en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes. Pero el foco más activo continúa en Río Gallegos y El Calafate.
El bloque oficialista sostuvo que el Ejecutivo agotó el diálogo con la fuerza y recordó que hubo 15 propuestas salariales rechazadas. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pedro Pródromos aseguró que, en más de 30 días, se realizaron ocho reuniones de negociación.
La bancada vinculó la continuidad de la protesta a motivaciones políticas. En su comunicado afirmó: “Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.
Hoy la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otros acuartelamientos policiales. Los agentes cumplen sus turnos y luego van a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos efectivos llegaron a encadenarse a una entrada lateral del edificio.
Al conflicto salarial se sumó el temor a sanciones internas. Los manifestantes piden que no haya represalias, pero el Gobierno provincial rechazó una amnistía.
En el acampe también aparece como símbolo la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo, quien a fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a realizar horas adicionales en Cañadón Seco para complementar su sueldo. Tras el hecho en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días y murió.
En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz incorporó otro eje a la discusión: las deudas de municipios con organismos provinciales. Indicó que Río Gallegos mantiene una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y con la Caja de Servicios Sociales de $41.979.176.336,63.
Para El Calafate, el bloque consignó una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Según la bancada, esas obligaciones crecen a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.
Los legisladores sostuvieron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento afecta el financiamiento del sistema previsional y de salud. También afirmaron que, si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia tendría más herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.
