En medio de las negociaciones por los grandes proyectos del Gobierno y en la previa de los (eventuales) acuerdos electorales con el PRO, la UCR y algunos gobernadores, la Casa Rosada apuesta a rescatar iniciativas de bajo perfil pero impacto directo para cerrar heridas en la relación con los aliados tras los roces por los pliegos judiciales y el traspié con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Darle aire a los proyectos del “archivo” de los sectores opositores amigables y caciques será un guiño del oficialismo nacional luego del mal trago con la Ley de Tierras y el manejo del Fuego, y de la discusión por los pliegos judiciales.
El Ejecutivo tiene un doble objetivo: también busca priorizar iniciativas que generen un impacto tangible y rápido para la gente, antes que grandes reformas de paquete (excepto las que están en marcha).
En modo preelectoral, ademas de reorientar el foco de su agenda parlamentaria hacia temas más “tangibles“, busca reconstruir puentes con los partidos aliados.
El objetivo de fondo es aceitar las relaciones para “facilitarles” el respaldo a otras iniciativas propias que al Gobierno le interesa especialmente aprobar -empezando por la reforma del BCRA, el gran objetivo de Javier Milei para el año; oninocencia fiscal-.
Pero, en segundo término, también lo consideran como un guiño de cara al terreno de los acuerdos electorales.
Patricia Bullrich le había planteado esta idea a la Casa Rosada, pero sólo fue abrazada tras los tropiezos de la semana pasada, como forma de descomprimir la relación con los bloques dialoguistas después del último tramo tenso en el vínculo político.
El objetivo es doble: por un lado, mostrar gestión con medidas de bajo costo político y alto rédito territorial. Por el otro, sanar heridas después de los roces de las últimas semanas, que arrancó con los pliegos de jueces, cuando Bullrich tuvo que romper el acuerdo que había alcanzado con los jefes de bloque para darle impulso al pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
A esos choques silenciosos se sumó la falta de respaldo contundente, la semana pasada, al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Federico Sturzenegger, que cayó en partes en el Senado y le mostró al Gobierno que los gobernadores no estaban en la misma página.
Entre los proyectos de bajo perfil pero con impacto directo en las economías regionales mencionan la reducción del IVA de la harina y la fécula de mandioca, del 21% al 10,5%, impulsada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Encuentro Misionero). Una iniciativa que busca equiparar el tratamiento tributario con el de la harina de trigo para, dicen, beneficiar a productores de Misiones.
El otro es la llamada “ley de banquinas”, del amarillo Javier Sánchez Wrba, que apunta a modificar el régimen vigente para permitir la siembra a la vera de las rutas (y de paso congraciarse con los sectores agrícolas). También, la ley de electromovilidad, de Cristian Ritondo, tras el acuerdo YPF-Tesla. Y en el Senado creen que la ley de Salud mental atraerá buen rédito político, incluso en la controversia con la oposición dura.
En paralelo, el Gobierno redoblará esfuerzos para que los proyectos menos tangibles se “acerquen” a la sociedad con una comunicación que los baje a tierra. Será el caso de la ley de mercado de capitales, que el Ejecutivo acordó impulsar de manera prioritaria dentro del paquete desregulador que trabaja Sturzenegger y que detalló ayer en la mesa política en Casa Rosada.
Según trascendió del encuentro, la propuesta apunta a “democratizar el capital”: ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas, en especial las pymes, para que puedan recurrir a la emisión de acciones u obligaciones negociables en lugar de depender solo del crédito bancario.
