El proyecto que buscaba ofrecer un alivio financiero a millones de argentinos endeudados quedó nuevamente postergado en el Congreso. Tras más de 14 horas de debate, el oficialismo consiguió que la Cámara de Diputados devolviera la iniciativa a comisión, una decisión que generó fuertes cuestionamientos de la oposición y cerró una sesión marcada por negociaciones intensas y votaciones muy ajustadas.
La maniobra se concretó durante la madrugada del jueves, cuando la diputada libertaria Silvana Giudici presentó una moción para que el proyecto volviera a discutirse en comisión. La propuesta obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, lo que impidió avanzar con la votación de fondo sobre las medidas destinadas a las familias con dificultades para pagar sus deudas.
La decisión llegó después de una jornada en la que el oficialismo consiguió aprobar iniciativas clave, aunque debió aceptar modificaciones exigidas por otros bloques. Entre ellas, la nueva legislación sobre discapacidad y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que deberá regresar al Senado.
El debate sobre endeudamiento familiar se había convertido en uno de los puntos más conflictivos de la sesión. Mientras la oposición reclamaba herramientas concretas para refinanciar obligaciones y reducir la presión financiera sobre los hogares, el oficialismo defendía una propuesta centrada en mejorar la información disponible para quienes solicitan créditos.
Sin embargo, cuando el debate se encaminaba hacia la votación, Giudici pidió devolver el expediente a comisión. La moción fue aprobada por una diferencia de apenas cuatro votos, lo que dejó sin definición legislativa las propuestas para asistir a los deudores.
La decisión provocó críticas de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien acusó al Gobierno de intentar evitar una votación que podía perder. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el cambio de postura del oficialismo y calificó a sus integrantes de "embusteros".
La oposición impulsaba un régimen de refinanciación para personas con más de 60 días de mora, con planes de al menos 12 cuotas, límites a los intereses y pagos mensuales que no superaran el 30% de los ingresos. La iniciativa contemplaba deudas de hasta dos canastas básicas totales correspondientes a un hogar tipo 2, equivalentes a aproximadamente $3,26 millones según la referencia utilizada en el proyecto.
Durante el debate, distintos legisladores advirtieron sobre el deterioro de la capacidad de pago de los hogares y cuestionaron el crecimiento del crédito destinado a cubrir gastos cotidianos.
El diputado Martín Lousteau, de Provincias Unidas, sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos explican buena parte del problema. Según afirmó, los ingresos de las familias retrocedieron alrededor de un 10% en términos reales, con caídas que en determinados sectores alcanzarían el 25%.
También señaló que, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los aumentos acumulados llegaron al 501% en electricidad, 2.071% en gas y 1.442% en transporte, frente a una inflación del 336% en el período que tomó como referencia. En ese contexto, advirtió que uno de cada tres deudores presenta atrasos en sus pagos.
Desde Unión por la Patria, Kelly Olmos aseguró que más de seis millones de argentinos ingresaron en mora, mientras que Julia Strada afirmó que el problema alcanza al 40% de la población económicamente activa. Ambas legisladoras vincularon la situación con la caída de los ingresos y el peso creciente de las obligaciones financieras.
El chubutense Juan Pablo Luque también describió la situación de su provincia, donde, según indicó, unas 300.000 personas están endeudadas y 75.000 registran atrasos. Además, afirmó que el desempleo en Comodoro Rivadavia pasó del 2% al 9,5% en menos de un año.
Antes del debate sobre endeudamiento, Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El resultado fue ajustado y las abstenciones de legisladores cordobeses resultaron determinantes para la aprobación.
Sin embargo, el oficialismo debió retirar la derogación de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La modificación permitió preservar la normativa sancionada en 2011 y obligará a que el proyecto regrese al Senado para su revisión.
La iniciativa introduce cambios en el régimen de expropiaciones y exige que los bienes afectados cuenten con una declaración de utilidad pública. También establece indemnizaciones previas calculadas a valor de mercado e incorpora el reconocimiento del lucro cesante, condiciones que, según sus críticos, podrían dificultar determinadas obras públicas.
Otro de los puntos centrales es la agilización de los procesos de desalojo. Para los inmuebles destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle al menos diez días corridos para regularizar una deuda. Si no lo hace, podrá iniciar un procedimiento judicial abreviado.
El texto contempla además mecanismos de desocupación inmediata bajo caución juratoria y sanciones para propietarios que oculten información. Cuando existan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, deberán intervenir los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria.
La votación más contundente de la jornada se produjo con la nueva ley de discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, después de que el Gobierno aceptara modificaciones reclamadas por la oposición.
El proyecto mantiene las pensiones no contributivas, la cobertura de salud, la compatibilidad con el empleo formal y el nomenclador universal de prestaciones. Además, incorpora garantías de financiamiento y un esquema para cancelar deudas pendientes con prestadores. La iniciativa recibió media sanción y ahora deberá ser tratada por el Senado.
Durante la sesión también avanzaron otros dos proyectos: uno destinado a fortalecer la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, impulsado tras la tragedia sanitaria provocada por el fentanilo contaminado, y otro que propone endurecer las penas contra el vandalismo rural.
