Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex esposa de Alberto Nisman, valoró este jueves como “muy valiente” y “muy importante” la decisión judicial de citar a más de un centenar de militares en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal. “Como familia del fiscal agradecemos, sin dudas va a contribuir y echa luz a lo que fue su asesinato”, afirmó Arroyo Salgado, subrayando la necesidad de que el caso avance tras casi una década de incertidumbre.
El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en las últimas horas con la citación de miembros de inteligencia militar que se desempeñaron durante el período kirchnerista. La decisión, según fuentes judiciales, se tomó a partir de información remitida por el Ministerio de Defensa y abarca soldados y oficiales —tanto militares como personal civil de inteligencia— que actuaron bajo las órdenes del entonces jefe del Ejército, César Milani. También serán convocados ex agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de otros organismos de seguridad nacional.
La Justicia intenta dimensionar el rol de los servicios de inteligencia y su conexión con la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, horas antes de que el fiscal formalizara ante el Congreso una denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Según expedientes judiciales, la causa examina presuntas maniobras encubridoras y un intercambio inusual de llamadas entre agentes estatales, que para los investigadores adquiere relevancia para reconstruir los hechos de las últimas horas de vida de Nisman.
La jueza Arroyo Salgado recordó la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino “por la falta de esclarecimiento del atentado a la AMIA, que él (Nisman) se encontraba investigando, y por la cantidad de encubrimiento, irregularidades que rodearon lo concerniente a su investigación”, dijo en diálogo con Radio Mitre.
Según la ex esposa del fiscal, la decisión de la Justicia argentina va en línea con las exigencias internacionales de transparencia: “Se ordenó la desclasificación de todos los archivos de la SIDE y destacó la importancia de que las víctimas del atentado puedan acceder a esa información”, agregó.
Las sospechas se centran en dos grandes grupos de inteligencia paradigmáticos para la política de ese período: los sectores alineados con Antonio “Jaime” Stiuso y aquellos encabezados por Fernando Pocino. De acuerdo con la Fiscalía, hubo numerosos cruces de llamadas la mañana del domingo 18 de enero de 2015, mientras el entorno del fiscal aún no confirmaba su muerte. El análisis de 45.000 comunicaciones y 500 abonados telefónicos —según la División Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA)— exhibe el complejo entramado de interacciones entre agentes que habrían actuado en paralelo y en ocasiones en competencia.
De forma complementaria, la Justicia reactiva sumarios sobre la posible alteración de la escena del crimen en el departamento de Nisman, donde, según registros, ingresaron al menos medio centenar de personas de distintas áreas del gobierno nacional y judicial. Entre los imputados figuran el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo, el extitular de la Prefectura Naval Luis Heiler y Darío Ruiz, entonces colaborador de Berni. A todos ellos se los investiga por supuesto incumplimiento de deberes y por no haber propuesto la debida conservación de pruebas.
El dictamen de la Gendarmería Nacional, que fue incorporado a la causa, sostiene que Nisman fue asesinado por al menos dos personas: “Lo redujeron mediante el uso de ketamina, una lo sostenía mientras la otra le disparaba en la cabeza”, señalan los peritajes sobre la posición del cuerpo, el patrón de las gotas de sangre y los rastros de droga detectados en dos análisis forenses. Según esa hipótesis, la escena fue preparada para simular un suicidio, descartando la presencia de un atacante externo, pero indicando la utilización de un “arma amiga” dentro del departamento.
En cuanto a la línea de investigación sobre la trama estatal, el expediente sigue bajo la dirección de Taiano, designado por el magistrado Julián Ercolini. El técnico informático Diego Lagomarsino se mantiene hasta hoy procesado como presunto partícipe del homicidio, tras haber declarado que Nisman le pidió un arma unos días antes de su muerte. Además, cuatro policías federales que ejercían funciones como custodios del fiscal están bajo pesquisa por su conducta en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo.
