Un operativo de ciberespionaje reveló los archivos ocultos sobre la deportación y rusificación de miles de niños ucranianos

La inteligencia militar ucraniana (GUR) anunció esta semana que logró infiltrarse en los sistemas informáticos de las autoridades impuestas por Rusia en Crimea y sustraer miles de documentos clasificados sobre menores ucranianos. Según informaron desde Kiev, los archivos contienen datos sensibles sobre niños huérfanos o sin tutores legales que fueron colocados en adopción por ciudadanos rusos, en muchos casos de manera ilegal.

Andrí Yusov, portavoz del GUR, calificó el hallazgo como una “información de una valía incalculable” que permitirá documentar lo que considera uno de los mayores crímenes de guerra de la Federación Rusa. Los archivos ya han sido entregados a las autoridades judiciales ucranianas para su incorporación en las causas abiertas. “La información conseguida permitirá encontrar y devolver a su tierra natal a los niños secuestrados, y también castigar a los responsables de este crimen”, afirmó Yusov en un comunicado oficial.

Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania estima que al menos 19.500 niños han sido deportados desde los territorios ocupados hacia Rusia o Crimea. Muchos de ellos fueron registrados como ciudadanos rusos, reubicados en familias adoptivas o enviados a orfanatos bajo control estatal. Kiev sostiene que estas acciones fueron un plan sistemático de deportación, sin el consentimiento de los padres o familiares de los menores, en violación del derecho internacional humanitario.

 Estas acusaciones llevaron a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir en marzo de 2023 órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y su comisionada para la infancia, María Lvova-Belova, por su presunta implicación en la deportación y transferencia forzosa de menores. Moscú niega que se trate de deportaciones y sostiene que trasladó a los menores para “salvaguardar su bienestar” ante la ofensiva militar en el este y sur de Ucrania. Sin embargo, las autoridades ucranianas y diversas organizaciones internacionales cuestionan estos argumentos, señalando que en ningún caso se inició un proceso legal para contactar o devolver a los menores a sus familias biológicas o a su país de origen.

Investigaciones recientes, entre ellas una publicada por The Times del Reino Unido en julio de 2025 y otra difundida por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, con apoyo del Departamento de Estado de EEUU, sugieren que algunos adolescentes ucranianos deportados por Rusia han sido entrenados en centros militares rusos y posteriormente enviados al frente de batalla tras cumplir la mayoría de edad. Fuentes del gobierno ucraniano sostienen que este fenómeno, si se comprueba de forma sistemática, constituiría una nueva violación del derecho internacional, al implicar el uso de menores secuestrados como combatientes en una guerra que su país no eligió.

El medio británico informó también que algunos de estos adolescentes fueron sometidos a adoctrinamiento ideológico y entrenamiento militar desde los 16 años. Una vez alcanzados los 18, fueron enviados a combatir en el este de Ucrania como parte del Ejército ruso o sus milicias asociadas. El reporte, basado en testimonios filtrados, documentos obtenidos por inteligencia occidental y datos oficiales rusos, describe una estrategia de “rusificación” de largo plazo, con la finalidad de convertir a esos jóvenes en ciudadanos leales al Kremlin.

Además de los entrenamientos militares, las autoridades ucranianas acusan a Rusia de organizar un programa masivo de reeducación cultural y lingüística, con el objetivo de borrar la identidad ucraniana de los menores. Esto incluiría el cambio forzado de nombres, la supresión del idioma ucraniano en la educación, y la imposición de símbolos y relatos históricos rusos. “Estos niños están siendo utilizados como herramientas en una política de asimilación forzosa”, declaró en abril la comisionada ucraniana para los derechos de la infancia, Daria Herasymchuk. “La deportación es solo el primer paso. Luego viene el adoctrinamiento, la militarización y, en algunos casos, el reclutamiento”, añadió.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado el acceso irrestricto de observadores internacionales a las instituciones rusas donde están alojados estos menores. Hasta el momento, Rusia ha negado el ingreso de cualquier misión humanitaria o de verificación independiente.

La información obtenida por el GUR podría ser clave para fortalecer las investigaciones judiciales abiertas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Según indicó Yusov, los documentos extraídos contienen nombres, ubicaciones, datos biométricos, registros de adopción y comunicaciones entre funcionarios rusos implicados en los traslados de menores. Analistas jurídicos señalan que esta evidencia será útil tanto en los procesos impulsados por el sistema judicial ucraniano como en las acciones internacionales lideradas por la CPI y otros organismos multilaterales.

Por el momento, el paradero de la mayoría de los menores sigue siendo incierto, y muchos podrían haber sido desplazados nuevamente dentro del territorio ruso o incluso hacia otros países aliados del Kremlin.