La organización no gubernamental Prisoners Defenders reveló este martes que Cuba sumó 19 presos políticos en noviembre para un total de 1.192, “una actualización que confirma que la represión sigue en aumento como mecanismo sostenido del régimen para ocultar el océano de crisis política, social y sanitaria“, señaló en su más reciente informe.
El titular de la ONG remarcó que se utilizan “tipos penales vagos y amplios como ‘desobediencia’, ‘desacato’, ‘desórdenes públicos’ o ‘instigación a delinquir’” para “justificar” arrestos y condenas, lo que afecta especialmente a quienes ejercen derechos fundamentales, expresan opiniones en público o participan en protestas por la crisis cotidiana, los apagones o la mala gestión de los servicios básicos.
“En Cuba se ejerce el terrorismo de Estado”, afirmó Larrondo a este medio, al remarcar la represión extendida contra ciudadanos comunes, trabajadores, profesionales y personas en situación de vulnerabilidad, además de contra activistas de derechos humanos. El presidente de la organización puntualizó que la intimidación se extiende tanto al disenso político como al malestar social general, castigando “cualquier queja, expresión de malestar o protesta”.
Uno de los puntos destacados por Larrondo es la situación de los menores de edad bajo proceso político. De acuerdo con datos de la organización, 33 menores fueron condenados, 10 de los cuales permanecen encarcelados y 23 se encuentran en libertad bajo medidas restrictivas y amenazas constantes. “Sus excarcelaciones mediante subsidios de pena no equivalen a libertad real en Cuba”, sostuvo el presidente de Prisoners Defenders, al describir que estas personas viven bajo vigilancia e intimidación constante ante la posibilidad latente de regresar a prisión.
En cuanto a las condiciones de detención, la ONG documentó “hacinamiento, insalubridad, mala alimentación, negación de atención médica, castigos y torturas diversas”, señaló Larrondo.
Entre los encarcelados, 461 presentan patologías médicas graves y 41 trastornos severos de salud mental, sin acceso a tratamientos adecuados.
El análisis incluye “el peso de las protestas del 11 de julio de 2021 (las masivas manifestaciones conocidas como 11J)” en el panorama represivo actual. De los 1.192 prisioneros políticos identificados, 743 estuvieron involucrados en el 11J: 409 continúan en prisión y 334 cumplen reducción de pena fuera de la cárcel, aunque bajo “restricciones y amenazas intolerables”.
Según explicó Larrondo, este episodio representa “el mayor impacto represivo en décadas y explica, en parte, el volumen actual de encarcelamientos por motivos políticos”. Añadió que los otros 449 casos obedecen al activismo y protestas posteriores a esa fecha.
Además, la organización evidenció un aumento de las acciones estatales contra organizaciones independientes de la sociedad civil y la persecución de artistas y creadores por su obra, activismo o participación en protestas pacíficas. “Registramos numerosos artistas encarcelados o sometidos a procesos penales”, agregó.
Sobre el contexto internacional, el activista criticó el respaldo recibido por el régimen cubano en Europa, mencionando figuras como Federica Mogherini, Pedro Sánchez y Josep Borrell, a quienes vinculó con obstáculos diplomáticos y financieros a políticas de presión sobre la isla.
“Cuba es el segundo país del mundo por tasa poblacional penal, el primero en casos de detención arbitraria ante el grupo de trabajo específico de Naciones Unidas y el cuarto en acciones urgentes de desaparición forzada”, concluyó el titular de la organización.
