Lula y los límites de la victoria

Nunca, desde el regreso al voto directo en 1989, un candidato que perdiera la primera vuelta había ganado un balotaje presidencial en Brasil. El domingo, Luiz Inácio Lula da Silva lo hizo, con 51,76% contra 48,24% del senador Flávio Bolsonaro, una diferencia de poco más de 4 millones de votos.

El 4 de octubre, Bolsonaro lo había superado por casi dos puntos. Lo que cambió en esas tres semanas no fue la economía ni la agenda, fue el incentivo que crea el propio balotaje para ampliar la coalición y salir a buscar al que se había quedado en casa. Lula reactivó a esa porción del electorado.

En la región, el oficialismo venía perdiendo sin distinción ideológica. Bolivia le puso fin a veinte años de MAS, Chile reemplazó a la coalición de Boric por José Antonio Kast, y la lectura instalada fue la de una ola de derecha imparable. Lula, oficialismo que buscaba la reelección, rompió ese patrón.

A partir del resultado de las elecciones generales del 4 de octubre, el PL de Bolsonaro pasó de 97 a 121 diputados, el 23,6% de los 513 escaños, la mayor bancada de la Cámara. El bloque legislativo de Lula, una federación partidaria que une a PT, PCdoB y PV desde 2022, quedó segundo con 88. En el Senado, el PL ganó 19 de las 54 bancas en juego, las más de cualquier partido, y llegó a 28 sobre 81, el 34,6% de la cámara. Ninguno de los dos bloques se acerca, solo, a los 257 votos de la mayoría absoluta en Diputados. El árbitro, otra vez, es el Centrão.

Para destituir a un presidente en Brasil hacen falta dos tercios en cada cámara, 342 diputados y 54 senadores, un número que ni el bolsonarismo ni nadie tiene a la vista. Por eso la vía del juicio político, pese a todo, está lejos por ahora.

Lula ganó la pelea por el Planalto tres semanas después de haber perdido terreno en el Congreso que necesita para gobernarlo. El presidencialismo de coalición que definió sus tres mandatos anteriores no desaparece porque haya remontado una elección, sino que se vuelve, si acaso, más caro.

Parte de esa remontada tiene algunos elementos que escapan a la épica de la remontada popular. El refuerzo del Bolsa Família antes del balotaje es el costado más visible de un populismo económico preelectoral cuyo efecto en las urnas es más fácil de describir que de medir con precisión. En la interna del gobierno argentino la discusión fue la contraria. Milei vetó los aumentos de jubilaciones y de la pensión por discapacidad que había votado el Congreso en 2025, blindó el ajuste en plena campaña y apostó a que la disciplina fiscal fuera, en sí misma, el argumento electoral.

Argentina y Brasil comparten el mismo esquema de polarización en dos bloques, y un resultado que terminó premiando la movilización por sobre el ajuste es un dato que tanto el peronismo como el resto de la oposición argentina van a leer con atención de cara a 2027.

Milei, que hizo campaña pública por Flávio Bolsonaro, acusó a Lula de fraude sin pruebas cinco días antes del balotaje, el mismo guion que usó Jair Bolsonaro en 2022. Trump hizo comentarios sobre la elección que en Brasilia se leyeron como un respaldo al bolsonarismo, y Washington evitó comprometerse a reconocer el resultado. España respaldó a Lula por boca de Pedro Sánchez, que ya venía de una relación bilateral estrecha con Brasilia. Para el libertarismo argentino, a juzgar por la reacción de su propio líder, la derrota de su aliado es una elección todavía impugnable, no una señal para moderar.

Nada de esto convierte el batacazo en un espejismo. La cifra es histórica. Pero confirma algo que el peronismo debería tomar como lección antes que como consuelo. Remontar una elección es una hazaña de movilización, no una hazaña de gobernabilidad.

Lula, con una minoría parecida a la que enfrenta Milei desde 2023, podría empezar por estudiar, aunque le pese, cómo gobierna sin mayoría propia el presidente que más lo acusó de fraude. La pregunta que importa no es si Lula le ganó a la ola de derecha, sino si puede gobernar un Congreso que, el mismo 4 de octubre, decidió no acompañarlo.