“No, no, no hay responsabilidad”, lamentó Lalu Adimiyat mientras grababa con su teléfono la actividad incesante de camiones cargados de mineral aurífero en las colinas de Sekotong, en la isla de Lombok. Las cintas policiales que meses antes marcaban el cierre de una de las mayores minas ilegales de Indonesia habían desaparecido.
La mina, que llegó a ocupar el equivalente a 184 campos de fútbol americano y generaba un valor estimado de 5,5 millones de dólares mensuales, seguía en funcionamiento. Este escenario, documentado por The Washington Post, ilustra la magnitud y persistencia de la minería ilegal de oro impulsada por redes chinas en el sudeste asiático y otros puntos del planeta.
La investigación de la periodista Rebecca Tan del The Washington Post revela que sindicatos mineros chinos, dotados de capital, maquinaria y conexiones, han extendido sus operaciones ilícitas desde Indonesia hasta Ghana y Guayana Francesa, alimentando la creciente demanda de oro de China.
Este fenómeno responde a una estrategia del régimen de Xi Jinping para reducir su dependencia del dólar estadounidense, blindarse ante posibles sanciones y fortalecer su influencia en el sistema monetario internacional. El resultado es una cadena de destrucción ambiental y corrupción institucional que afecta a comunidades enteras y desafía la capacidad de respuesta de los Estados afectados.
El modus operandi de estas redes difiere radicalmente del de los mineros artesanales locales. Mientras estos últimos emplean herramientas manuales y explotan yacimientos a pequeña escala, los operadores chinos introducen excavadoras, trituradoras y sistemas de lixiviación con cianuro, lo que multiplica la capacidad extractiva y los riesgos ambientales. Según expertos citados por The Washington Post, la transición del mercurio al cianuro, impulsada por los chinos, ha incrementado la eficiencia pero también la peligrosidad de los procesos, especialmente en ausencia de controles rigurosos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió en mayo que el crimen organizado se ha infiltrado profundamente en las cadenas de suministro de oro, constituyendo una “grave amenaza global”. El auge de la demanda china, que ha elevado el precio del oro por encima de 3.000 dólares la onza, ha atraído a cárteles de la droga, grupos terroristas y mercenarios, muchos de los cuales colaboran con intereses mineros chinos presentes en todas las etapas, desde la extracción hasta la comercialización.
Según el analista de minerales David Soud, “las redes chinas se han involucrado profundamente en el comercio ilícito de oro”, y gran parte del metal extraído o adquirido por estos canales termina en China a través de cadenas de suministro opacas, sin pago de impuestos ni regalías locales.
La respuesta de las autoridades chinas ha sido evasiva. El embajador chino en Ghana, Tong Defa, calificó de “injusticia significativa” responsabilizar al régimen de Beijing por la expansión de la minería ilegal. Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni la Cámara de Comercio de Metales, Minerales y Químicos de China respondieron a las preguntas detalladas de The Washington Post. La embajada china en Washington declaró no estar al tanto de las acusaciones y declinó hacer comentarios.
En Ghana, el principal exportador de oro de África, funcionarios denuncian que los grupos mineros irregulares chinos han devastado extensas zonas del oeste y sur del país y avanzan hacia el norte. El parlamentario Tiah Abdul-Kabiru Mahama acusó al Partido Comunista Chino de ser “cómplice” de la destrucción. El ministro de Tierras y Recursos Naturales, Emmanuel Armah-Kofi Buah, reconoció que los esfuerzos para obtener cooperación de las autoridades chinas han sido infructuosos y que los mineros deportados suelen regresar con facilidad. Solo en los últimos meses, cientos de ciudadanos chinos han sido arrestados en el país africano.
En Indonesia, el segundo mayor productor de oro de Asia tras China, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales recibe reportes casi diarios de minas ilegales, la mayoría vinculadas a ciudadanos chinos según investigaciones preliminares. En un caso emblemático, las autoridades solicitaron la colaboración de la embajada china para identificar a sospechosos, pero no obtuvieron cooperación y los implicados huyeron del país. Un alto funcionario indonesio, bajo condición de anonimato, confirmó a The Washington Post que la falta de apoyo obstaculizó la investigación.
Cheng Chang-Fu, Wan Ling-Wu y Cheng Hai-Yan, todos ellos ciudadanos chinos detenidos por posesión de lingotes de oro y 400 000 dólares en efectivo y declarados culpables de actividades ilegales relacionadas con el sector minero artesanal, comparecen en la sala del tribunal de Bukavu, provincia de Kivu del Sur, República Democrática del Congo, el 13 de enero de 2025. La mafia del oro china actúa en África, Asia y América Latina (Reuters)
La magnitud del fenómeno se refleja en los datos: al menos 15 países ricos en oro han iniciado procesos judiciales contra ciudadanos y empresas chinas por minería ilegal desde principios de 2024, según el análisis de declaraciones oficiales, expedientes judiciales y reportes de prensa realizado por The Washington Post. En Guayana Francesa, la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS) identificó a los inversores chinos como un “eslabón logístico crucial” en un mercado ilícito que obliga al ejército francés a gastar decenas de millones de euros anuales en operaciones de control.
El atractivo del oro para China no es nuevo, pero la opacidad en torno a sus reservas y fuentes de abastecimiento ha crecido. El Consejo Mundial del Oro sitúa a China entre los mayores compradores globales desde hace más de una década, aunque los analistas coinciden en que resulta imposible determinar con precisión cuánto oro posee el país y de dónde procede.
El Partido Comunista Chino participa activamente en la adquisición de oro para el Estado, ya sea a través del Banco Popular de China, intermediarios o políticas industriales que incentivan la compra minorista y la minería en el extranjero.
Entre 2000 y 2024, acreedores estatales chinos firmaron 85 compromisos de préstamo para proyectos de extracción y procesamiento de oro en el Sur Global, según datos de AidData citados por The Washington Post. El propio ex presidente de la Asociación China del Oro, Song Xin, describió en 2017 la Iniciativa de la Franja y la Ruta como “también un camino dorado”.
Las discrepancias entre las cifras oficiales y las estimaciones independientes son notables. Un informe de Goldman Sachs de septiembre de 2024 calculó que las compras de oro del banco central chino superaron en ciertos meses en 60 toneladas lo declarado oficialmente.
El analista Jan Nieuwenhuijs estimó que el Banco Popular de China adquirió de forma encubierta 570 toneladas en 2024, acumulando más del doble de lo que reconoce públicamente. Nieuwenhuijs explicó a The Washington Post que la escala de estas adquisiciones está transformando el mercado global, ya que China considera el oro como una alternativa estratégica al dólar.
La Administración General de Aduanas de China sostiene que sus datos de importación y exportación de oro son “abiertos y transparentes” y que sigue “convenciones internacionales” en la publicación de información. Sin embargo, la falta de transparencia facilita que grandes volúmenes de oro extraído ilegalmente se oculten en las reservas nacionales.
Estimaciones conservadoras sitúan el valor del sector ilícito en más de 30.000 millones de dólares o 400 toneladas anuales. Un estudio de Swissaid publicado en 2024 reveló que el contrabando de oro desde África se duplicó entre 2012 y 2022.
El impacto de la minería ilegal se percibe con especial crudeza en las comunidades afectadas. En Sekotong, la llegada de inversores chinos en 2022 transformó la minería artesanal en una explotación a escala industrial. Los locales, que durante años extrajeron pequeñas cantidades de oro con herramientas manuales, se vieron desplazados por maquinaria pesada y técnicas desconocidas como la lixiviación con cianuro. “Nos sentimos derrotados”, recordó Lalu Adimiyat. La tensión derivó en enfrentamientos y, en agosto de 2024, en el incendio de un dormitorio de mineros chinos.
La postura oficial de Beijing insiste en que exige a sus ciudadanos y empresas en el extranjero el cumplimiento de las leyes locales. No obstante, funcionarios de países afectados y expertos internacionales sostienen que las autoridades chinas han mostrado escasa disposición a colaborar en la identificación y sanción de los responsables, ni han facilitado datos que permitan rastrear los flujos ilícitos de oro.
En foros multilaterales como la conferencia de la OCDE sobre cadenas de suministro responsables, la delegación china ha evitado participar en debates sobre el comercio ilegal, según asistentes consultados por The Washington Post.
