CAOS EN EL CONGRESO: PARO NACIONAL, MARCHA UNIVERSITARIA Y UNA MULTA QUE COMPLICA A MILEI

Docentes, estudiantes y organizaciones sindicales reclamarán este jueves la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se realizará después de que la Justicia impusiera una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar.
POLITICAHace 1 hora

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El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas vuelve a las calles este jueves 15 de octubre, con una nueva movilización frente al Congreso de la Nación. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a docentes, estudiantes y organizaciones sindicales para exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios y el aumento de las becas estudiantiles.

La protesta se desarrollará en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) denunció una deuda salarial del 32%, mientras que la Justicia sancionó económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios y los fondos para becas.

La movilización contará con la participación de las dos CTA, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda, entre otras organizaciones. Además, ATE anunció un paro nacional de 24 horas, con protestas previstas en distintos puntos del país.

A qué hora es la 5° Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre y dónde será la concentración

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá como epicentro la Plaza del Congreso, donde confluirán las distintas columnas de manifestantes. La concentración de AGD-UBA comenzará a las 13:30 en la intersección de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, mientras que otras organizaciones se reunirán en diferentes puntos de las inmediaciones del Parlamento.

La consigna principal será exigir la aplicación "efectiva e inmediata" de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la recuperación del poder adquisitivo de los docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde la CTA de los Trabajadores señalaron: "Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la Plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei".

La CGT también confirmó su participación y sostuvo que la universidad pública "es una conquista histórica del pueblo argentino" y una herramienta "indispensable" para el desarrollo de una Nación "soberana, con igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y trabajo digno". "Defenderla es democratizar el conocimiento y sostener un proyecto de país que ponga el desarrollo nacional y la justicia social en el centro. Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas", expresaron desde la central sindical.

Universidades en crisis: denuncian una deuda salarial del 32% y la salida de 1.200 docentes de la UBA

Uno de los principales reclamos de la jornada será la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según AGD-UBA, el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes, pese a las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

"El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111. El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública", denunció Laura Carboni, secretaria general del gremio.

La organización también advirtió que, tras conocerse la inflación de septiembre del 1,9%, el aumento acumulado de los precios durante la actual gestión nacional alcanzó el 344,15%, frente a una suba del 236,6% en los salarios docentes, de acuerdo con sus cálculos.

"No estamos ante un hecho aislado, sino ante un plan deliberado de vaciamiento de la universidad pública. El éxodo masivo de más de 1.200 docentes e investigadores en la UBA demuestra que sin salarios dignos no hay continuidad posible para la investigación científica ni para la enseñanza de calidad en nuestro país", concluyó Carboni.

La Justicia multó a Diego Santilli con $100.000 diarios por incumplir la ley universitaria

En la antesala de la movilización, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenó actualizar los salarios docentes y no docentes, además de garantizar los fondos para becas estudiantiles.

La sanción, conocida jurídicamente como astreinte, fue dispuesta después de dos advertencias al Gobierno. El magistrado estableció que el monto podrá modificarse y que también podrán cambiar los funcionarios alcanzados por la medida.

"En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina", resolvió Cormick.

La medida cautelar continúa vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza la apelación presentada por el Estado contra el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del Decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley. El Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo que "el Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar", que fue "confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026". El juez había intimado al Gobierno a cumplir en cinco días, plazo que venció el 22 de septiembre y luego fue prorrogado. "Este plazo está vencido y los pagos aún no se registraron", advirtió la parte demandante.

La Ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición de los salarios para reflejar la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025, lo que implicaría un incremento del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025. También contempla actualizaciones mensuales según el IPC y una recomposición de las becas. El Gobierno rechazó la interpretación judicial y sostuvo que la cautelar lo obliga a realizar "pagos compulsivos sin que se hayan determinado con precisión las sumas presuntamente adeudadas ni el alcance concreto de la obligación". Además, afirmó que los incrementos salariales acumulados alcanzaron el 226,80% hasta junio de 2026 y cuestionó el criterio que exigiría una actualización del 312,19%, al considerar que no existen partidas presupuestarias aprobadas para afrontarla.

ATE confirmó un paro de 24 horas y las centrales sindicales ampliaron el reclamo

La movilización universitaria también estará acompañada por reclamos sindicales más amplios contra distintas políticas del Gobierno. ATE confirmó un paro de 24 horas, mientras que las dos CTA sumarán a la protesta su pedido de derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, consideró que la marcha es "fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23" y agregó: "Es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo". Luego sostuvo: "Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso. Por el DNU 70/23 el país avanzó hacia la desregularización de la economía, flexibilización laboral y está dejando a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercador".

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, aseguró que el objetivo es "garantizar que las protestas se multipliquen en todo el país" y anticipó que habrá "expresiones de esta lucha en toda la Argentina". También cuestionó el decreto presidencial: "Tenemos que ir por todo y ser capaces de voltear este DNU completo porque no es contra de la casta, sino que es contra nosotros para que la casta se llene de guita. Este decreto se transformó en un delivery para las corporaciones y no podemos permitir que quieran seguir gobernando nuestro país a sola firma. Cuando algo no lo pueden lograr por los votos, arman un decreto".

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