
El futuro del RIGI: ¿está blindado legalmente o hay margen para ir hacia atrás?
Enfoque Diario
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sigue dividiendo aguas: mientras el gobierno y sus aliados confían en que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios permitirán acelerar el crecimiento en sectores como la minería, hidrocarburos y la energía, parte de la oposición suele hacer hincapié en que se están otorgando generosas ventajas a proyectos que se hubieran desarrollado de todos modos, entre otros cuestionamientos.
Esas dos miradas vienen confrontando incluso desde antes de julio de 2024, cuando entró en vigencia el régimen.
Sin embargo, a mediados de octubre las objeciones treparon a un nivel al que nunca habían llegado antes.
Por entonces, el diputado Máximo Kirchner adelantó que si el peronismo vuelve al poder, se auditarán "todos y cada uno" de los proyectos aprobados bajo el argumento de revisar el "por qué y para qué" de las inversiones. Si bien aclaró que se respetarán los derechos adquiridos en caso de que todo esté en regla, esa afirmación proveniente de uno de los máximos referentes de la principal fuerza política opositora encendió alertas entre las empresas e inversores que participan de estas iniciativas o que tienen intenciones de hacerlo.
Ante esa subida de tono en los cuestionamientos a semanas de ingresar a un año electoral, los interrogantes siempre latentes en torno a si el régimen está lo suficientemente blindado desde el punto de vista jurídico e institucional adquirieron otra dimensión.
¿Existe realmente un riesgo RIGI? ¿Tendría margen un nuevo gobierno para ir hacia atrás con los proyectos ya otorgados?
"No vemos un riesgo para los inversores ante un eventual cambio político: hay certezas respecto de la aplicación del RIGI debido a que está muy bien blindado", dijo a El Economista Omar Díaz, socio del departamento de Energía & Recursos Naturales del Estudio Lisicki, Litvin & Abelovich. "No vemos que ningún gobierno futuro pueda desarmar la estructura jurídica que se construyó porque esto tiene una ley, hay protección para las inversiones, hay derechos adquiridos para los inversores y está todo el tema de arbitrajes a nivel de cortes internacionales", agregó.
En principio, la arquitectura legal del RIGI luce robusta para blindar a los inversores y obturar eventuales cambios. El régimen, que fue creado por una ley -el Título VII de la Ley N° 27.742, conocida como la Ley Bases- y que fue prorrogado hasta el 8 de julio de 2027 mediante el Decreto 105/2026, cuenta con una garantía de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por tres décadas desde la fecha de adhesión.
"Por un lado, no podría haber una derogación de la ley porque el régimen terminará en julio de 2027", señala Díaz. "En tanto, si un futuro Congreso quisiera ir atrás con la revisión de esos proyectos, la estabilidad sobreviviría para las iniciativas ya aprobadas porque es un derecho adquirido similar al derecho de propiedad", añadió.
A eso se agregan otras salvaguardas para las empresas e inversores que fueron incluidas en la ley, entre ellas el arbitraje internacional. Ante eventuales disputas con el Estado, el régimen permite renunciar a la jurisdicción local y acudir a tribunales arbitrales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya tras una instancia previa de negociación.
Para empresas e inversores extranjeros, tener disponible esta opción neutraliza el riesgo de depender exclusivamente de la justicia argentina, mientras que para el estado eleva el costo financiero y reputacional de un eventual incumplimiento.
Tampoco los reclamos sobre una eventual afectación a las autonomías provinciales y municipales parecen tener demasiado espacio para avanzar. Al congelar por 30 años la carga fiscal y prohibir la creación de nuevos tributos o el aumento de tasas, surgieron algunos planteos referidos a las autonomías locales previstas en la Constitución. Sin embargo, para sortear esos planteos, el diseño del régimen incorporó una cláusula de invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Las provincias tienen autonomía para otorgar concesiones, ya sean mineras, petroleras u otras, y esto no se altera", dijo Díaz. "Cada proyecto debe ser aprobado por la provincia y recién en ese marco puede ser presentado para que le otorguen los beneficios del RIGI, por lo que no veo, entonces, que haya una limitación de la autonomía de las provincias, que, además, pueden adherir libremente al RIGI o no".
Las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego son las que no adhirieron al régimen. En cambio, los 16 distritos que sí se sumaron al RIGI se comprometieron a no crear nuevos gravámenes ni aumentar los existentes para los proyectos adheridos.
Cuestionamientos, más allá de lo legal
La arquitectura legal del RIGI asoma como muy sólida para sostenerse independientemente de los cambios de rumbo político y económico que puedan desatarse el año próximo. En todo caso, los ajustes que pudieran aplicarse no estarían tan atados al esquema RIGI en sí, sino a parte de su instrumentación y a los efectos que esas iniciativas generan aguas abajo.
Una de las críticas recurrentes que se le hace al régimen es que no logra traccionar con la intensidad necesaria a los proveedores locales. Si bien la normativa exige que los proyectos destinen al menos el 20% del monto de bienes y obras a proveedores locales, este requisito queda supeditado a que exista oferta disponible en condiciones de precio, plazo y calidad de mercado.
Según la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), los 11 proyectos RIGI que ya comenzaron a comprar equipamiento importaron -no solo de bienes de capital- U$S 542 millones hasta septiembre pasado. El 66,9% de esas compras son bienes de 62 posiciones arancelarias que la industria nacional ya fabrica.
"En proyectos de esta envergadura, el 20% de exigencia de compras locales se va holgadamente en la obra civil y, por lo tanto, no tiene ningún impacto en el sector de bienes de capital", dijo a El Economista Rubén Fabrizio, director ejecutivo de CIPIBIC.
"De hecho, empresas mineras y petroleras, que ahora tienen proyectos en el RIGI y que años atrás compraban a la industria nacional, dejaron de hacerlo e importan", agregó. Los vehículos de proyecto único (VPU) -estructuras jurídicas creadas exclusivamente para desarrollar una gran inversión adherida al RIGI- cuentan con el beneficio del arancel cero para importar bienes de capital, repuestos e insumos.
Los reclamos para dar prioridad a los proveedores locales se intensificaron luego del anuncio en junio pasado de la importación desde China de una ciudad modular para alojar a unos 5.000 trabajadores mineros en el proyecto Vicuña, en San Juan. Ante esas críticas, la respuesta del gobierno luce ambigua. Por un lado, empezó a organizar las llamadas Rondas RIGI, encuentros destinados a conectar a empresas proveedoras con proyectos de inversión aprobados o en evaluación. La primera ronda se desarrolló a fines de octubre en Rosario y está prevista otra para el 2 de diciembre en San Isidro, enfocada en hidrocarburos y energía, con la participación anunciada de unas 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras.
Sin embargo, esos avances chocan contra otras decisiones. Mediante un decreto publicado el lunes pasado, el gobierno flexibilizó los requisitos para que las empresas extranjeras provean a los proyectos RIGI.
Con la nueva reglamentación, pasa a ser suficiente con que las empresas estén constituidas y domiciliadas en el país, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital.
Sin un mayor encadenamiento con los proveedores locales, los empleos provistos por el RIGI seguirán siendo limitados. De acuerdo a un informe de la consultora Paspartú, los 27 proyectos que ya obtuvieron la aprobación oficial contemplan una inversión total de U$S 76.174 millones y la generación de 133.076 empleos, entre directos e indirectos. Esto significa que las iniciativas RIGI generarán menos de dos puestos de trabajo por cada millón de dólares de inversión.
Ese tipo de cuestiones seguramente formarán parte del debate electoral del año próximo. No obstante, nada indica que las objeciones vayan a escalar al límite de poner en riesgo las condiciones establecidas para las iniciativas que ya estén aprobadas.
"Con un eventual nuevo gobierno puede haber intentos de auditorías y de recorte de beneficios, pero que esos recortes puedan efectivamente aplicarse me parece una posibilidad muy lejana", señaló Díaz, del Estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.
"Vemos con nuestros clientes RIGI y con consultas de inversores del exterior que, más allá del resultado electoral, habrá una continuidad dado que este proceso se está desarrollando con bases firmes y hay un blindaje muy robusto para los proyectos aprobados y los que se aprobarán hasta julio del año próximo".


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