En 2019 escribí que en la Argentina llamamos "debate presidencial" a algo que no lo es. Siete años después, la discusión sobre las PASO me deja una sensación parecida. Les decimos "primarias abiertas" a unas elecciones que, en la mayoría de los casos, no tuvieron nada que elegir. Y les decimos "reforma" a lo que, si las cosas siguen como van, terminará siendo otra suspensión hecha a medida del calendario.
Conviene empezar por la historia. Las PASO nacieron con la ley 26.571, sancionada en diciembre de 2009, pocos meses después de que el oficialismo de entonces perdiera las legislativas en la provincia de Buenos Aires. Se aplicaron por primera vez en 2011. Antes, los partidos resolvían sus candidaturas como podían, y a veces lo hacían muy bien: la interna peronista de 1988 entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, o la de la Alianza en 1998 entre Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide, movilizaron a cientos de miles de personas sin que el Estado obligara a votar a todo el padrón. El sistema funcionó durante 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023. En febrero de 2025, el Congreso lo suspendió para las elecciones de ese año, con 43 votos a favor en el Senado.
El Gobierno envió en abril su proyecto de reforma electoral, el expediente 102/26: 79 artículos que eliminan las PASO, incorporan Ficha Limpia, suman un casillero de lista completa a la Boleta Única y cambian el financiamiento de los partidos. Según la Oficina del Presidente, las primarias "solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones". El entonces ministro del Interior prometió un ahorro de más de 200 millones de dólares.
Y es aquí donde la honestidad obliga a un matiz. La Fundación Éforo comparó el gasto electoral de 2025, sin PASO, con el de 2021, con PASO. La diferencia fue de apenas el 3%, unos 9,5 millones de dólares. El ahorro en boletas y en el operativo de seguridad se lo comió el costo logístico del Correo, que llegó al 48% del total. Es decir, si la única razón para eliminar las primarias fuera la plata, el argumento sería bastante más flaco de lo que dice la publicidad oficial.
¿Entonces hay que dejarlas como están? Creo que no, y por motivos de fondo. ¿Por qué un ciudadano que no está afiliado a ningún partido tiene la obligación de ir a votar en la interna de otro? ¿Por qué el Estado tiene que organizar, con fondos públicos, la competencia interna de agrupaciones privadas? ¿No será que las PASO se convirtieron, en los hechos, en una gran encuesta nacional obligatoria que condiciona la elección general antes de que ocurra?
También es justo decir que la tesis oficial de que las PASO "no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante" no resiste el archivo. En 2015, Cambiemos definió su fórmula en las primarias. En 2023, Juntos por el Cambio resolvió en las urnas la competencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y Unión por la Patria también tuvo interna. Las primarias sirvieron cuando los partidos quisieron competir, y fueron un trámite costoso cuando no quisieron. El problema, entonces, no es la competencia interna, sino la obligatoriedad.
Por eso la propuesta del PRO de volverlas optativas merece atención. Que cada fuerza decida si quiere una interna abierta, cerrada o ninguna, y que se haga cargo de su organización y de su costo bajo control de la Justicia Electoral. Es más austero y, sobre todo, más coherente con la idea de partidos responsables de sí mismos. No comparto, en cambio, otra novedad del proyecto: que el debate presidencial deje de ser obligatorio. Si en 2019 nos quejábamos de un debate que no era debate, la solución no puede ser que no haya ninguno.
Según la información disponible, el oficialismo necesita 37 votos en el Senado y tiene 21. Negocia con gobernadores que piden garantías para sus provincias y evalúa pasar el tema a sesiones extraordinarias. En el camino aparece la alternativa más cómoda para todos: suspender las PASO solo para 2027 y dejar la discusión de fondo para más adelante.
Sería el peor resultado posible. Las reglas electorales no deberían cambiarse cada dos años según la conveniencia del que gobierna y de los que negocian con él. Ya lo vimos en 2025. Una suspensión tras otra no es una reforma, sino una forma elegante de no decidir.
Sea del color político que sea el lector, no me dejará mentir: pocas cosas dañan más la confianza en la democracia que la sospecha de que las reglas se escriben para el próximo turno. Como ciudadanía, tenemos derecho a pedirle a la clase dirigente que decida de una vez si las primarias obligatorias sirven o no, y que lo haga por ley y para siempre, no por un rato. Porque mientras tanto, la interna la seguimos pagando todos.
