Los dólares del RIGI tardarán décadas en llegar: el informe que enfría las expectativas del Gobierno de Milei

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que los desembolsos de los 27 proyectos aprobados en el RIGI se extenderán hasta 2056. Aunque el mayor volumen de inversiones se concentrará en los próximos diez años, el ingreso de divisas será gradual. Petróleo, gas y minería concentran el 97% de los fondos comprometidos.

Los US$ 76.173 millones comprometidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no ingresarán de manera inmediata a la economía de Argentina. Aunque el Gobierno ya aprobó 27 proyectos de gran escala, los cronogramas presentados por las empresas muestran que los desembolsos se distribuirán durante las próximas décadas y que una parte de las inversiones recién se completará en 2056.

La principal conclusión surge de un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado sobre la base de información del Ministerio de Economía. Según el informe, hasta 2035 se ejecutarán US$ 51.314 millones, equivalentes al 67% del total aprobado. Esto significa que aproximadamente un tercio de los fondos comprometidos llegará después de esa fecha, lo que pone en perspectiva las expectativas sobre el impacto inmediato del régimen en el ingreso de divisas.

Cuándo llegarán los dólares del RIGI: el calendario de inversiones hasta 2056

Los próximos años concentrarán el mayor volumen de desembolsos. Para 2026 se proyectan inversiones por US$ 7.663 millones, mientras que en 2027 el monto ascendería a US$ 7.930 millones. El punto máximo se alcanzaría en 2028, con US$ 9.008 millones, antes de iniciar una trayectoria descendente.

A partir de ese pico, los desembolsos previstos comenzarían a moderarse. El informe estima US$ 7.171 millones para 2029 y US$ 6.212 millones para 2030. Durante los años siguientes, las inversiones se reducirían progresivamente hasta ubicarse alrededor de los US$ 2.000 millones anuales hacia mediados de la próxima década.

La desaceleración será más marcada a partir de 2036. Según las proyecciones, los montos anuales caerán por debajo de los US$ 1.000 millones desde 2046, mientras que el último desembolso previsto se registrará en 2056, por US$ 228 millones. De esta manera, el calendario de ejecución de los proyectos se extenderá durante unos 30 años, aunque la mayor parte de los recursos se concentrará en su primera etapa.

Por qué las inversiones del RIGI tardarán tantos años en concretarse

La extensión de los plazos responde al funcionamiento del régimen creado por la Ley Bases 27.742, que combina exigencias de inversión inicial con flexibilidad para ejecutar el resto de los proyectos. La normativa establece un monto mínimo de inversión que, en términos generales, parte de US$ 200 millones, y exige que las empresas concreten al menos el 40% de ese mínimo durante los primeros dos años desde la aprobación.

Sin embargo, esa obligación inicial no significa que las compañías deban completar el 40% de toda la inversión comprometida en ese período. La legislación permite que cada Vehículo de Proyecto Único (VPU) presente su propio cronograma plurianual, de acuerdo con las características y necesidades de la iniciativa. Por eso, algunos proyectos pueden extender sus desembolsos durante décadas.

Esta particularidad resulta especialmente importante en actividades como la extracción de hidrocarburos, la construcción de infraestructura energética y la minería. Son sectores que requieren grandes inversiones iniciales, pero también etapas prolongadas de desarrollo, ampliación y mantenimiento. En consecuencia, el monto total anunciado bajo el RIGI no equivale a una entrada inmediata de dólares, sino a compromisos de inversión distribuidos en el tiempo.

Petróleo, gas y minería concentran el 97% de las inversiones aprobadas

La distribución sectorial de los proyectos muestra una fuerte concentración en actividades vinculadas con los recursos naturales. El petróleo y el gas reúnen inversiones comprometidas por US$ 46.158 millones, mientras que la minería concentra otros US$ 27.624 millones. En conjunto, ambos sectores representan aproximadamente el 97% del total aprobado bajo el régimen.

Esta concentración también se refleja en el mapa de las provincias beneficiadas. Neuquén encabeza el ranking con US$ 23.744 millones, seguida por Río Negro, con US$ 19.356 millones, y San Juan, con US$ 13.510 millones. Entre las tres reúnen cerca del 74% de los fondos comprometidos, principalmente por los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la actividad minera.

Más atrás aparecen Catamarca, con US$ 8.474 millones; Buenos Aires, con US$ 4.961 millones; y Salta, con US$ 3.508 millones. En el caso de Neuquén y Río Negro, el protagonismo responde fundamentalmente a los desarrollos de extracción, transporte y licuefacción de gas y petróleo asociados a la cuenca de Vaca Muerta, que requieren obras de infraestructura de gran escala.

El impacto del RIGI en las importaciones: récord de compras al exterior

Aunque buena parte de los desembolsos todavía está pendiente, los proyectos aprobados comenzaron a generar movimientos concretos en el comercio exterior. De acuerdo con el Monitor de Proyectos del RIGI, elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-Conicet), las importaciones de bienes de capital e insumos específicos alcanzaron un récord mensual de US$ 142 millones en octubre.

Desde enero de 2025, las compras al exterior vinculadas con estos desarrollos acumulan US$ 700 millones. Hasta el momento, 16 de los 27 proyectos aprobados realizaron operaciones de importación de maquinaria, equipamiento o materiales necesarios para avanzar con sus inversiones. El dato refleja que la ejecución ya comenzó, aunque todavía se encuentra en una etapa inicial respecto del volumen total comprometido.

El principal protagonista de las operaciones recientes fue Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el consorcio petrolero que desarrolla infraestructura para ampliar la capacidad de exportación de hidrocarburos. Durante octubre, el proyecto importó estructuras flotantes y válvulas por US$ 48,3 millones, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del movimiento comercial asociado al régimen.