La decisión del Ejecutivo había sido anticipada a principios de mayo, al precisar que se estaba en camino de eliminar el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de «reducir costos y eliminar trámites burocráticos».
El texto oficial, que lleva la firma del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, explica que la medida se vincula a “la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional, en el marco de las políticas públicas que viene llevando a cabo el Estado Nacional”.
Las oficinas que se cierran están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
En cuanto a la derivación de las funciones vacantes, se aclaró que la competencia y las tareas de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor suprimidos serán asumidas por otros Registros Seccionales competentes designados a tal fin.
En este sentido, la normativa sostuvo que “los Encargados Titulares de los Registros Seccionales en sus distintas competencias están en condiciones técnico-jurídicas de procesar cualquiera de los trámites registrales que actualmente son receptados por cada uno de los Registros Seccionales con competencias específicas”.
Continuando en esa línea, aseguró que “en consonancia con los adelantos tecnológicos incorporados en los últimos años, los Registros Seccionales que asuman la competencia de aquellos que se supriman podrán operar sin distinción de la materia de su competencia, brindando una adecuada y más eficiente atención a los usuarios”.
Al justificar la decisión, se expresó que “obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”.
La Resolución también dejó sin efecto la puesta en funcionamiento de “aquellas oficinas registrales cuya apertura no se hubiere materializado a la fecha del presente, de modo tal de impedir que en el futuro se cubran los nuevos cargos creados, sin que ello implique erogación alguna por parte del Estado Nacional”.
Las nuevas sedes que no serán abiertas están repartidas entre Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Los cierres comunicados por el Gobierno son los primeros correspondientes a la reducción de la estructura adelantada en mayo. Así quedó especificado en el documento oficial, asegurando que “la medida adoptada por la presente constituye una primera etapa de la reestructuración del sistema, dado que la envergadura de las modificaciones propuestas en lo que a los Registros Seccionales no encuadrados en las situaciones antes indicadas requerirá de un estudio más acabado, para su paulatina aplicación».
