Envalentonado por los dos triunfos pírricos que consiguió en Diputados tras lograr blindar sus vetos a la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria y a la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno de Javier Milei va a ahora por una nueva batalla legislativa con un doble objetivo. Busca por un lado seguir eliminando leyes y regulaciones que en Casa Rosada entienden atentan contra la libertad económica mientras que por el otro apuesta a crear una nueva pantalla que desvíe la agenda pública de la profunda crisis económica y social que están provocando el feroz ajuste que aplica el gobierno libertario desde el 10 de diciembre pasado.
El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger confirmó el viernes pasado el envío al Congreso de la denominada "Ley Hojarasca" por medio de la cual el Gobierno apuesta a "derogar normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado".
La iniciativa apuesta a avanzar en la derogación de unas 70 leyes que fueron sancionadas desde al década del '70 hasta estos últimos años.
Sturzenegger justificó la derogación de estas normas y advirtió que se trata de leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho a la propiedad; imponen trámites inútiles y sin sentido al tiempo que, según explicó, quedaron obsoletas debido a los cambios tecnológicos. En esa misma línea señaló que algunas de las leyes que proponen derogar ya fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores; dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir o bien crearon organismos con financiamiento público cuando, entienden, deberían solventarse a sí mismos.
La Ley Hojarasca busca profundizar la senda desreguladora, de reducción del estado y de desburocratización que inició Milei por decreto con el DNU 70/2023 y siguió con la Ley Bases.
El Gobierno dio a conocer algunas de las normas que buscará derogar. Entre ellas, destacó Sturzenegger, se encuentra la Ley 18.832 del año 1969, promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que "creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios. Asimismo, buscan eliminar la ley 14.034 del gobierno de Juan Domingo Perón que impone penas para los argentinos que "por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino".
La ley Hojarasca también propone eliminar la ley 20.120 de la dictadura de Alejandro Lanusse que "habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos" así como también la ley 19.787 de 1972 que "restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios".
Además, impulsa la derogación de dos leyes del gobierno de María Estela Martínez de Perón: la ley 20.802 que "impide la libre circulación por el país"; la ley 20.959 que otorga el beneficio de libre estacionamiento para legisladores en todo el país y la ley 20.983 que "obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado en forma compulsiva".
También se propone la eliminación de dos leyes de la dictadura Reynaldo Bignone. Por un lado, la ley 22.875 que "permite al Estado exigirle a empresas privadas la relocalización de sus actividades productivas" y la norma 22.964 de 1983, que "habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra".
