El consejo directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se reunió este jueves sin autorizar el desguace de ese organismo, como pretende el Gobierno Nacional, que había anunciado despidos masivos y la venta la edificios y campos del ente autárquico.
Tras varias horas de debate, se levantó la reunión sin que se produzca ninguna votación sobre la propuesta oficial, que incluía la venta de la sede central del INTA y miles hectáreas de investigación, así como despidos y retiros voluntarios masivos.
Esa era la propuesta que llevaron adelante los representantes del Poder Ejecutivo en el consejo directivo: el presidente del Instituto, Nicolás Bronzovich; la vice Beatriz Pilu Giraudo, y el delegado de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
Sin embargo, los consejeros que representan las entidades ruralistas (CRA, Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CREA) y de las facultades de universidades públicas de Agronomía y de Veterinaria, que suman otros siete para un total de diez, rechazaron realizar una votación.
Mientras tanto, el lugar de reunión se desarrollaba bajo un imponente operativo policial, con decenas de efectivos rodeando el edificio, y una movilización de organización sindicales y trabajadores que coreaban “el INTA no se vende”.
En ese marco, los consejeros reclamaron conocer los alcances del “plan de modernización” elaborado por el Gobierno y anunciado reciente y someramente por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien prácticamente definió al organismo como una “aguantadero”.
Hasta donde se sabe, ese “plan” implica un virtual desguace y privatización del organismo creado en 1956, que desde sus inicios tuvo como objetivo “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.
En la actualidad, el INTA cuenta con decenas de estaciones experimentales y agencias de extensión rural distribuidas a lo largo y ancho del territorio argentina para atender a los requisitos de los productores del sector, con 6.450 empleados, en su gran mayoría profesionales como ingenieros agropecuarios, forestales y en alimentos, veterinarios, genetistas, meteorólogos, zoólogos y biólogos, etc.
