El gobierno de Javier Milei volvió a prorrogar el plazo para que las empresas del Estado se transformen en Sociedades Anónimas. Lo hizo mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente y todo su Gabinete de Ministros.
Cuando Milei llegó a la presidencia en diciembre pasado, declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025". En ese contexto, el Ejecutivo había resuelto dar un plazo inicial de seis meses para que las empresas del Estado Nacional en Sociedades Anónimas, con el objetivo de "achicar el peso del Estado".
A finales de junio último, el Ejecutivo había extendido ese plazo por otros seis meses más y este martes decidió volver a estirarlo por otros 60 días. "La gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias", estableció el Decreto 1120/2024.
La prioridad de la Casa Rosada es acelerar la venta de las empresas públicas. El titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, es el encargado de trabajar los pliegos.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene dentro de su órbita 59 empresas que funcionan en 11 jurisdicciones de la administración estatal. A su vez, hay otras 19 sociedades que son consideradas subsidiarias.
Para concretar las privatizaciones, hay distintos mecanismos que el Ejecutivo tiene en mente: uno es abrir licitaciones y avanzar en la venta, para lo que necesita de la aprobación del Congreso, o podría lanzar una oferta pública inicial para sacar las acciones de las compañías al mercado de capitales bajo un método denominado initial public offering (IPO, por sus siglas en inglés). También podría ceder parte de las empresas -por ejemplo a los empleados- o cerrarlas y poner a la venta los terrenos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
