El Gobierno denunció a los barras y militantes detenidos durante el violento enfrentamiento en el Congreso por los delitos de sedición, atentado al orden Constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. Además, pidió a la Justicia que “se requiera la declaración de incompetencia por ‘inhibición’” a la jueza que los liberó.
Los hechos investigados implican a diversos actores y sectores sociales, señalando una organización premeditada para llevar a cabo actos violentos durante la marcha convocada, originalmente, en apoyo a los jubilados.
El detonante de esta denuncia fue una movilización organizada a través de redes sociales por diferentes agrupaciones el pasado miércoles, que derivó en diversos incidentes violentos en las inmediaciones del Congreso Nacional.
