Las denuncias por delitos contra la administración pública se duplicaron en los últimos 15 años

Si la Corte Suprema rechaza el recurso de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y deja firme el fallo de la Cámara de Casación Penal Federal, se convertirá en la primera presidenta en ir presa por cumplimiento de una sentencia firme en Argentina. La pena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que le impuso el Tribunal Oral Nro 2 en diciembre de 2022, es de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cumplir cargos públicos.

Sería un hecho histórico en un contexto donde la corrupción atravesó la vida política argentina de las últimas décadas. Solo en esta causa, hay otros siete ex funcionarios nacionales y de la provincia de Santa Cruz también condenados. Y solo en la última década, 40 ex funcionarios nacionales fueron acusados por delitos contra el patrimonio del Estado, tal como publicó Infobae hace unos meses a partir de considerar las intervenciones de la Oficina Anticorrupción como querellante.

Un análisis de la base de datos de denuncias publicada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con datos actualizados a 2024, revela que las denuncias por delitos contra la administración pública no han parado de crecer en los últimos 25 años. Contabilizan las denuncias en sede policial en todo el país, e incluyen casos de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

En el 2000 - el dato más antiguo-, se registraron 10.110 denuncias por este tipo de delitos que involucran a funcionarios públicos. En 2024, sumaron casi 50.000, lo que implica que en dos décadas y media, las denuncias sobre hechos contra el patrimonio del Estado se quintuplicaron. En esta progresión, se destaca el 2020, año de la pandemia, con el mayor número de actuaciones generadas por esta problemática: 60.453.

En un lapso temporal más estrecho, desde 2010 a finales del 2024, el número pasó de 23.866 denuncias a 49.942 en todo el territorio nacional. O sea, en 15 años se duplicaron los hechos de corrupción en los distintos niveles públicos denunciados.

El aumento en las denuncias de este tipo de delitos tiene correlato con la posición de nuestro país en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora anualmente Transparencia Internacional (TI), la ONG líder en la lucha contra la corrupción. Excepto en el gobierno de Mauricio Macri, el puntaje del país no mejoró sustancialmente desde 2012, cuando se empezó a medir el IPC con una nueva metodología.

En la mirada de Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano - capítulo argentino de TI -, este incremento puede responder a distintos factores. Por un lado, “desde 2010 para acá, se incorporaron leyes que posibilitaron las denuncias de manera más fácil y anónima”. Y mencionó, en ese sentido, la sanción de leyes que posibilitan la cooperación, como la del arrepentido en 2016.

También, destacó las líneas de denuncias que habilitaron la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público Fiscal, y la especialización por parte del Ministerio Público en delitos contra la administración pública, en referencia a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. “La PIA fomentó que la gente que tuviera información sobre hechos de corrupción, pudiera canalizarla de forma sencilla”, advirtió Wortman Jofré.

“Más allá de todos estos elementos, hay uno fundamental y tiene que ver con que la política se financió del Estado. En los últimos 15 años, el Estado ha sido una víctima boba, fácilmente estafable y corrompible por parte de la política. Gobernantes y partidos políticos encontraron muy fácil cometer todo tipo de fraudes y afectar su patrimonio, el de todos”, agregó.

Para este abogado especializado en temas de corrupción, el problema no se circunscribe a los gobiernos nacionales. “En las provincias feudales o caudillescas ese problema de un Estado bobo que se deja cometer crímenes en su perjuicio, de manera sistemática, debería ser mucho mayor”.

Del análisis hecho por Infobae de la base de datos del Ministerio de Seguridad surge que las denuncias por delitos de corrupción en el primer año de Javier Milei, crecieron el 17%, con relación al último año de Alberto Fernández: pasaron de 42.856 en 2023 a 49.942 denuncias en 2024 (o sea, 7.086 más).

“Puede tener que ver con esta idea de que el gobierno libertario busca terminar con los bolsones de la corrupción. Llegó con una mirada de ‘auditor’ y eso ha llevado a la proliferación de denuncias. Va a ser interesante ver si esta curva de crecimiento de denuncias se mantiene a lo largo de los años, o tiene que ver con el ideario libertario este de achicar el Estado denunciando las irregularidades, terminando con fideicomisos, con institutos y cajas de la política. Y si esto se va a sostener en el tiempo, o van a aparecer otras cajas de la política que suplanten a estas”, analizó el presidente de Poder Ciudadano.

En el IPC correspondiente a 2024, publicado a principios de este año por Transparencia Internacional, Argentina no mejoró en el ranking global pese al cambio de gobierno. El año pasado obtuvo 37 puntos sobre 100 asignados al país más transparente, el mismo puntaje que el año anterior. Quedó en el puesto 99 sobre 180 países medidos, junto a países como Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos, siendo que los que están en los primeros lugares, son percibidos como los más transparentes.

“Hay que ver si una ideología libertaria que viene aplicar motosierra y terminar con los bolsones de corrupción se sostiene en el tiempo. Desde Poder Ciudadano vemos que no hay una matriz de lucha contra la corrupción que se piense de manera integral, como por ejemplo independizar la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo, mejorar el funcionamiento de las leyes de Acceso a la información. Retirar a los organismos, como la UIF o la OA, como querellantes tampoco es una buena señal”, concluyó Wortman Jofré.

Distribución por provincias
La base de datos del Ministerio de Seguridad contabiliza la cantidad de hechos, por año, por delito y por jurisdicción, tanto provincial como departamental y se basa en el número de denuncias recibidas, básicamente, por dos fuentes: la Policía Federal por un lado y las policías provinciales por el otro. Cabe señalar que la cantidad de hechos no equivale a igual número de causas penales.

Al pararse sobre cada provincia, se despliega la variación porcentual y la tasa por 100.000 habitantes

El mayor número de denuncias por delitos contra la administración pública en 2024 se registró en la provincia de Buenos Aires, 17.535, el 35% del total.

Pero al considerar la tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes, el distrito bonaerense no es el que mayor proporción tiene con relación a su población (17 millones de personas). El ranking lo encabeza Mendoza, con 6.779 denuncias el año pasado, para una población de 2 millones y una tasa de 331 denuncias por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al crecimiento en las denuncias entre 2023 y 2024, el mayor aumento se registró en Tucumán: tuvo casi tres veces más sólo en un año: 459 denuncias en 2023 y 1.731 en 2024.