Después de más de un año de haber sido anunciado, el Gobierno finalmente dio inicio este martes al Consejo de Mayo, el cual busca acordar políticas públicas y proyectos de ley acordes con lo firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores en el Pacto de Mayo.
Este cuerpo multisectorial fue inaugurado en un encuentro en Casa Rosada que comenzó a las 9 de la mañana y que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su carácter de presidente del Consejo.
Allí lo acompañaron los seis consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
El Consejo de Mayo fue anunciado por Milei el 25 de mayo del año pasado. Allí detalló que tendría la responsabilidad de trabajar en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en el Pacto de Mayo, el cual consta de 10 cláusulas adheridas por 19 gobernadores (menos Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego):
inviolabilidad de la propiedad privada,
equilibrio fiscal innegociable,
reducción del gasto público,
educación con alfabetización plena y sin abandono escolar,
reforma tributaria,
rediscusión de la coparticipación federal,
explotación de los recursos naturales del país,
reforma laboral moderna,
reforma previsional
y apertura al comercio internacional.
Al momento de la firma, muchos gobernadores estaban convencidos de que la firma del Pacto, convertida en una ampulosa ceremonia en Tucumán, iba a tener una escueta implementación en los meses posteriores. Efectivamente, aquello fue lo que sucedió. Incluso fuentes del Gobierno admitían que no iban a llamar a la concreción de ese Consejo si es que no tenían los incentivos para hacerlo.
Pero en los últimos meses cambió el panorama. La relación de la Casa Rosada con los gobernadores se deterioró producto de que estos últimos reclaman de que Nación no está girando los fondos suficientes que precisan las provincias y que no se ocupa de cuestiones fundamentales como obras de infraestructura.
Lo mismo sucede en el ámbito legislativo. El oficialismo de La Libertad Avanza vio mermar su esquema de alianzas que durante casi un año le permitió rechazar cualquier iniciativa de la oposición no-dialoguista. Que algunos de los aliados circunstanciales del Gobierno apoyaran (o que contribuyeran con su abstención) la media sanción del aumento para las jubilaciones y de fondos por discapacidad, las cuales son iniciativas de alto costo fiscal, resultaron una primera alerta para el Gobierno. Algunas relaciones se deterioraron tanto que el Gobierno percibe que no tiene completamente asegurados los votos para sostener los vetos que va a firmar Milei.
