La obra social de trabajadores rurales presentó un recurso para concretar un recorte de gastos y despidos masivos

El colapso financiero de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) llevó a su interventor, Marcelo Petroni, a solicitar formalmente la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo con el fin de “asegurar la continuidad de la atención médica a sus más de 700 mil afiliados en todo el país”.

La entidad enfrenta un endeudamiento que roza los $96.000 millones, un déficit mensual que llegó a superar los $5.800 millones y una estructura de personal que excede ampliamente los límites legales y operativos.

 
Según las previsiones oficiales, el Procedimiento Preventivo de Crisis permitirá un ahorro superior a los $10.500 millones, “posibilitando el equilibrio presupuestario sin afectar prestaciones ni servicios esenciales”.

El PPC es una herramienta legal que permite ordenar la estructura económica de entidades en situación crítica, sin paralizar su funcionamiento. En este caso, de acuerdo con la intervención de OSPRERA, se aplicará para preservar prestaciones, asegurar la provisión de medicamentos, ordenar relaciones con prestadores y proteger los empleos vinculados al sistema de salud, bajo supervisión oficial.

 
El plan de acción presentado por Petroni contempla medidas drásticas para revertir la situación. En primer lugar, se prevé la eliminación de 638 puestos de trabajo sobre un total de 1.160 empleados, con liquidaciones finales estimadas en $20.930 millones y un esquema de indemnizaciones, conforme al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por un total de $10.465 millones a pagar en 12 meses. Para facilitar este proceso, se pide la exención de cargas sociales durante un año

La optimización de costos operativos es otro eje central del plan. Se propone reducir el gasto administrativo para ajustarse a los límites legales, reasignar personal y eliminar funciones duplicadas. Además, se plantea una transformación tecnológica que incluye el reemplazo de procesos manuales por sistemas digitales, el lanzamiento de una nueva página web y un asistente digital, la implementación de receta electrónica, la prestación de servicios de telemedicina las 24 horas, la tercerización de call centers y el desarrollo de software propio para la normalización de cartillas. El objetivo, según la intervención de la obra social, es “reducir la dependencia de tareas manuales y aumentar la eficiencia operativa”.

La situación crítica de OSPRERA se explica por varios factores, según figura en el PPC: un déficit mensual que, aunque se redujo a $2.500 millones tras la intervención, previamente oscilaba entre $4.800 millones y $5.800 millones; un gasto administrativo que representa el 17% de los recursos, más del doble del máximo legal permitido, que es del 8%; y una plantilla de aproximadamente 1.169 empleados, de los cuales un cuarto no está asignado a ninguna gerencia específica. Además, se han detectado funciones superpuestas, empleados sin tareas asignadas y jefaturas sin roles definidos, lo que evidencia que hubo “una gestión ineficiente y desordenada”.

El análisis institucional y legal revela que OSPRERA tiene su origen en ISSARA, conforme a la Ley 19.316, y fue posteriormente transformada por las leyes 23.660 y 23.661. Estas normativas exigen que el 80% de los recursos se destine a prestaciones y que los gastos administrativos no superen el 8%. Sin embargo, auditorías ordenadas por los decretos 720/2024 y 1045/2024 identificaron graves incumplimientos legales, manejo irregular de fondos y contratos considerados “leoninos” con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el sindicato del sector, liderado por José Voytenco. El endeudamiento total, según surgió de estas auditorías, asciende a $95.858 millones.

En cuanto a los indicadores económicos, el déficit anual de la obra social se disparó de manera alarmante: en 2023 alcanzó los $12.889 millones, lo que representa un incremento interanual del 152%, y para 2024 se proyecta en $50.617 millones. Los gastos salariales y cargas sociales suman $4.000 millones mensuales, suma equivalente al 14% del gasto total. Además, la declaración de nulidad de una rendición de cuentas por $8.000 millones agravó aún más el déficit de OSPRERA.

En su solicitud, el interventor pide que se acepte la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis, se traslade la situación a UATRE —a la que también se le atribuye responsabilidad en la crisis—, se fijen audiencias según la normativa vigente y se autorice la instrumentación del plan propuesto para evitar la inviabilidad de la obra social.

Más allá de los números en rojo, OSPRERA se convirtió en el escenario de una batalla entre el sindicato de Voytenco y el Gobierno, que en noviembre designó como interventor a Petroni, un abogado cercano a Eduardo “Lule” Menem.

En otra derivación de esta pelea, Voytenco denunció en la Justicia al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al entonces director de Asociaciones Sindicales Claudio Aquino y al diputado nacional Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza), ex dirigente del gremio, entre otros, como responsables de “llevar adelante un plan delictivo coordinado con el fin de apropiarse de la conducción de la organización sindical”.

El líder de UATRE, apuntado por el Gobierno como un ultraopositor vinculado con el kirchnerismo, quedó en una situación difícil luego de que la Secretaría de Trabajo, a través de un dictamen de Aquino, suspendió el congreso del gremio que lo reeligió porque “no pudo acreditarse la legalidad y la legitimidad de los congresales”, en sintonía con una denuncia de sus opositores internos.

Luego de esa resolución, Cordero pidió a la Justicia la intervención de UATRE, decisión rechazada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Luego, Voytenco contraatacó con una denuncia judicial contra Cordero por haber querido tomar ilegalmente el control de UATRE, causa que derivó en el pedido de indagatoria del secretario de Trabajo por parte del fiscal federal Guillermo Marijuan. En septiembre pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó analizar las llamadas de los imputados y hace 24 horas pidió ampliar registros telefónicos, la geolocalización de celulares y documentación del Ministerio de Capital Humano.