Estados Unidos le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, ex funcionario de la Cancillería argentina durante la gestión de Diana Mondino, al acusarlo de haberse enriquecido mediante pesca ilegal, una medida que llegó después de su salida del cargo por el caso de la merluza negra en Tierra del Fuego y en medio de una nueva política migratoria anunciada por Washington.
La sanción fue informada por el subsecretario de Estado Christopher Landau en la red social X. Allí precisó que el Departamento de Estado aplicó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y ubicó entre ellos a Ferrara Raisberg y al mexicano José Ali Amado.
Landau sostuvo en ese mensaje que la protección de “la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” es “una prioridad global” de Estados Unidos. También afirmó: “Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”.
Especialista en Derecho Internacional Público, con formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y un doctorado en la Universidad de California, Ferrara Raisberg se desempeñó como profesor asistente en el South China Sea Institute hasta 2024. Un vínculo que no habría pasado inadvertido para el Departamento de Estado de Donald Trump.
Durante su paso por la Cancillería, Ferrara Raisberg fue designado como representante de esa dependencia ante el Consejo Federal Pesquero. Y permaneció en el cargo hasta marzo de 2024, cuando fue desplazado junto con el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera Julián Suárez.
La salida de ambos ocurrió en medio de acusaciones por supuestas presiones para favorecer a un empresario chino, en un caso de pesca ilegal de merluza negra frente a Tierra del Fuego. El conflicto comenzó un mes antes, cuando empresas del sector denunciaron que el buque Tai An, de la empresa Prodesur SA, de origen argentino y capitales chinos, transportaba 142 toneladas de carga pese a que tenía autorización para llevar solo cinco.
En ese entonces, las firmas competidoras alertaron a la Subsecretaría de Pesca sobre esa presunta irregularidad. El funcionario que debía enviar la nota a la Prefectura Naval para ordenar el regreso del barco a puerto era Suárez, pero esa instancia no avanzó por una supuesta intervención de Ferrara Raisberg.
Ferrara Raisberg llamó en tono intimidatorio a Suárez y le pidió que no interviniera en el asunto, con el argumento de que podrían surgir problemas judiciales si el buque era obligado a regresar a la terminal portuaria.
Después de esa llamada, el coordinador nacional acudió al subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla para que definiera qué hacer con el Tai An. La decisión fue que el barco no regresara al puerto de Ushuaia, pese a que infringía las reglas del Consejo Federal Pesquero.
Suárez renunció días más tarde. Ferrara Raisberg también presentó su dimisión ante Mondino mientras la entonces canciller estaba en Vietnam.
El caso continuó después de la salida de los funcionarios. En mayo de 2024, se conoció que la merluza negra capturada ilegalmente por el Tai An podía ser liberada porque Prodesur aceptó pagar una multa equivalente al 30% del total cargado para poder vender la mercadería en el mercado internacional. Además de esa multa, el buque quedó habilitado para regresar a la zona de pesca.
La revocación de la visa estadounidense se conoció dos años después de esa controversia, en un contexto de disputas comerciales entre Estados Unidos y China y un día después de difundirse el “Programa de protección de Bienes Comunes Globales”, un acuerdo entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur para realizar durante los próximos cinco años tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el Mar Argentino con Estados Unidos.
