Argentina 2027: el botón rojo de Washington y la difícil maniobra entre Brasilia y Beijing

Hay dos números que permiten dimensionar la excepcionalidad financiera argentina: 34,2% y 45,5%.

En agosto de 2026, Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional un crédito pendiente de aproximadamente US$58.000 millones. Eso equivale al 34,2% de todo el crédito pendiente del organismo y, si se considera exclusivamente la General Resources Account —donde se concentran sus grandes programas tradicionales—, al 45,5% de esa cartera. Casi uno de cada dos dólares equivalentes prestados por esa ventanilla está colocado en un solo país.[1]

La comparación con Ucrania termina de dimensionar la anomalía. Un Estado en conflicto militar que movilizó a Estados Unidos, la Unión Europea y al conjunto de Occidente mantiene con el FMI una exposición casi cuatro veces menor. Kiev recibe, naturalmente, enormes volúmenes de asistencia por otras vías. Pero el contraste sigue siendo elocuente: la segunda economía de Sudamérica acumuló ante una sola institución multilateral una exposición extraordinariamente superior a la de un país en guerra.

El problema no es solamente cuánto debe Argentina, sino a quién le debe.

Para un banco, un fondo de inversión o un tenedor privado de bonos, la prioridad es cobrar. Puede negarse a refinanciar, aumentar la tasa exigida, vender sus títulos o litigar frente a un default. El FMI, además de cobrar, condiciona. Sus desembolsos dependen de metas, reformas y revisiones periódicas; cuando un objetivo no se cumple, el Directorio decide si concede un waiver y permite que el programa continúe.

El Fondo posee además, en los hechos, estatus de acreedor preferente: sus créditos normalmente quedan fuera de las reestructuraciones que pueden imponer quitas o extensiones de plazo a los privados. Presta, condiciona y ocupa una posición especialmente protegida al momento de cobrar.[2]

A eso se suma la estructura de poder del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos posee 16,49% de los votos y capacidad de bloqueo en las decisiones fundamentales que requieren una mayoría del 85%. Existen reglas, criterios técnicos y negociaciones reales, pero Washington concentra el principal poder individual dentro de la institución: ningún otro Estado dispone de una capacidad comparable en el núcleo financiero de Bretton Woods.[2]

La experiencia argentina muestra que, en momentos importantes, esa capacidad institucional se convierte en poder político decisivo.

Dos Trump, dos operaciones excepcionales

En junio de 2018, en medio de una corrida cambiaria, el FMI aprobó para el gobierno de Mauricio Macri un Stand-By por US$50.000 millones y pocos meses después lo amplió hasta aproximadamente US$57.000 millones. Fue el mayor acuerdo de esa naturaleza en la historia del organismo. Se desembolsaron alrededor de US$44.000 millones y apenas cuatro de las doce revisiones previstas llegaron a completarse.[3]

Reducir aquel episodio a un error de diagnóstico técnico sería insuficiente. Hubo una decisión política de sostener a un gobierno aliado de Washington mientras la crisis cambiaria erosionaba sus posibilidades electorales. En un sentido político, puede pensarse como la campaña electoral más cara de la historia argentina: nunca un gobierno había transitado hacia una reelección sostenido por semejante volumen de recursos multilaterales para contener una crisis, estabilizar el frente cambiario y comprar tiempo.

Ni siquiera alcanzó. Macri se convirtió en el primer presidente argentino en ejercicio en competir por una reelección inmediata y ser derrotado, con el agravante de perder en primera vuelta.[4]

Hubo un episodio intermedio. En 2022, con Alberto Fernández en la Casa Rosada y Joe Biden en Washington, el FMI aprobó un nuevo programa, pero la enorme mayoría de los recursos se destinaba a refinanciar los vencimientos heredados de 2018. El financiamiento neto adicional era reducido.[5]

Eso no volvió inocuo al acuerdo. El programa se convirtió en una restricción central para el margen de maniobra económico del gobierno de Fernández. Probablemente fue el asunto estratégico que produjo la divergencia más profunda dentro de la coalición gobernante: Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en Diputados por rechazar la estrategia y el resultado de la negociación.[5]

También hubo entonces waivers y flexibilizaciones. Una vez acumulada semejante exposición, el propio Fondo tenía interés institucional en evitar que Argentina dejara de pagarle. Pero la diferencia con el presente es evidente: se trataba de Biden, no del segundo Trump, mucho más explícito en el uso del poder económico para premiar aliados, presionar adversarios y disputar con China la primacía hemisférica.

El acuerdo de abril de 2025, nuevamente con Trump en la Casa Blanca, le permitió a Milei conseguir un nuevo programa por US$20.000 millones. Este acuerdo incrementó sustancialmente la exposición neta del Fondo, ya que la cifra se suma a los US$44.000 millones desembolsados del préstamo de 2018. Estos fondos recientes no se entregan en un pago único, sino a través de cuotas liberadas tras la aprobación de revisiones periódicas. Al mismo tiempo, el propio FMI continúa calificando la deuda argentina como "sostenible, pero no con alta probabilidad".[6]

Difícilmente elementos como la calidad crediticia, las metas fiscales y los criterios técnicos sirvan para explicar por qué Argentina terminó concentrando casi la mitad de la cartera ordinaria del Fondo y debiendo a la institución casi cuatro veces lo que debe Ucrania.

La geopolítica y el rol de Washington son el core de la explicación.

El dólar, Milei y Washington

La dependencia financiera adquiere otra dimensión cuando se conecta con la variable que sostiene políticamente al Gobierno. El tipo de cambio es la principal ancla inflacionaria del programa de Milei y la desinflación, su principal activo político.

La jerarquía causal puede discutirse. El FMI atribuye enorme importancia al ajuste fiscal y una mirada ortodoxa ubicará allí la explicación fundamental. Pero en una economía bimonetaria, con alto pass-through y expectativas organizadas alrededor del dólar, el tipo de cambio opera como un mecanismo inmediato particularmente poderoso sobre los precios. El propio Fondo utilizó la expresión exchange-rate anchor para describir parte del proceso.[7]

Milei recibió una inflación superior al 200% anual y consiguió reducir drásticamente su velocidad. Ese es su logro político decisivo: la evidencia que permite sostener que el sacrificio tuvo una contrapartida concreta. Sin desinflación, buena parte del relato económico del mileísmo pierde su fundamento.

Y para sostener el dólar hacen falta dólares.

Una porción sustancial de la recomposición de reservas durante 2025 estuvo asociada a desembolsos del FMI, repos con bancos extranjeros y otros mecanismos financieros. No significa que cada dólar prestado haya sido vendido en el mercado, sino que una parte relevante del poder de fuego financiero del Estado fue reconstruida mediante nuevos pasivos.[7]

La secuencia es sencilla: la deuda aporta divisas; las divisas fortalecen reservas y expectativas; las reservas ayudan a sostener el régimen cambiario; el dólar contenido contribuye a la desinflación; y la desinflación sostiene políticamente a Milei.

En 2025, Estados Unidos fue un paso más allá. Dejó de actuar solamente mediante su influencia sobre el FMI y utilizó directamente al Tesoro norteamericano para respaldar al peso argentino. A través del Exchange Stabilization Fund abrió una facilidad de hasta US$20.000 millones y llegó a comprar pesos. Argentina utilizó finalmente una fracción de esa línea. Lo extraordinario no es cuánto tomó, sino que Washington estuvo dispuesto a colocar su propio balance detrás de la moneda argentina en pleno proceso electoral.[8]

El antecedente comparable es México durante la crisis del Tequila de 1995. Allí existía una lógica de autoprotección evidente: más de 3.000 kilómetros de frontera compartida, integración a través del NAFTA y riesgos directos para el comercio, el sistema financiero y los flujos migratorios estadounidenses.

Argentina no representa para Estados Unidos -ni menos para la economía global- un riesgo sistémico semejante.

El componente geopolítico resulta, por lo tanto, difícil de ignorar. Un gobierno argentino que adopta voluntariamente un alineamiento prácticamente irrestricto con Washington posee valor estratégico: se trata de la segunda economía sudamericana, con Vaca Muerta, litio, capacidad nuclear, proyección antártica y una posición clave en el extremo austral del continente.

No es necesario suponer que Washington sostuvo a Milei exclusivamente por razones políticas. Basta observar que en 2025 la necesidad de estabilización financiera y el alineamiento geopolítico convergieron de manera excepcionalmente favorable para el Gobierno argentino.

Un alto funcionario de Milei fue todavía más gráfico en conversaciones con quien escribe, bajo reserva de identidad: sin la intervención de Trump y del secretario del Tesoro Scott Bessent, evaluaba que Argentina podía encaminarse hacia "un nuevo 2001".

Pocos días antes de las elecciones legislativas, Trump eliminó cualquier ambigüedad acerca de la dimensión política del respaldo. Con Milei a su lado en la Casa Blanca, vinculó públicamente la continuidad del apoyo estadounidense con el resultado electoral argentino.[8]

El mecanismo puede describirse como coerción geoeconómica: utilizar —o dejar abierta la posibilidad de retirar— instrumentos económicos y financieros para alterar los costos que enfrenta otro Estado.

En Argentina ese poder se transmite rápido. Una señal clara de pérdida del respaldo estadounidense puede deteriorar expectativas de refinanciamiento, castigar bonos, aumentar el riesgo país y acelerar la demanda de dólares. De allí a una devaluación hay poca distancia; de la devaluación a la inflación, menos todavía.

Una multipolaridad sin red financiera

La respuesta inmediata frente a esa dependencia suele ser China, Brasil, los BRICS, el Sur Global.

El problema es que la multipolaridad política avanzó mucho más rápido que la financiera.

Hasta mediados de 2026, el New Development Bank había aprobado aproximadamente US$44.000 millones en sus 12 años de historia y mantiene una cartera activa de apenas US$35.600 millones. Argentina sola debe al FMI alrededor de US$58.000 millones.[9]

Los BRICS cuentan además con un instrumento para crisis de balanza de pagos: el Contingent Reserve Arrangement, con una capacidad nominal de US$100.000 millones. Nunca fue utilizado y apenas 30% del acceso máximo está desvinculado del FMI; para acceder al resto, el país solicitante necesita un programa vigente con el propio Fondo.[9]

Argentina ni siquiera integra el mecanismo. Su deuda con el FMI ya equivale a más de la mitad de toda su capacidad nominal.

Durante viajes presidenciales y conversaciones de alto nivel del gobierno de Alberto Fernández con China y Brasil, Buenos Aires intentó ampliar sustancialmente los mecanismos disponibles para reducir su dependencia financiera. Las versiones de distintos funcionarios que participaron de aquellas gestiones coinciden en que Argentina pidió una escala mayor de cooperación y recibió respuestas negativas.

Es cierto que China ayudó mediante el swap y habilitó el uso de yuanes para importaciones. Brasil buscó instrumentos para preservar el comercio bilateral. Pero ninguno estuvo dispuesto a ampliar los mecanismos para que tengan incidencia significativa en la reducción de la dependencia. Ni mucho menos a asumir una exposición comparable a la movilizada por Washington.

La pregunta es inevitable: si China y Brasil no quisieron asumir bilateralmente un riesgo argentino de esa dimensión, ¿por qué habría de aparecer rápidamente un consenso dentro de un BRICS hoy mucho más amplio y heterogéneo para hacerlo colectivamente?

Argentina, además, no puede esperar una década. El próximo presidente asumirá en diciembre de 2027 y deberá convivir durante más de un año con Donald Trump, cuyo mandato concluye en enero de 2029.

El largo plazo ofrece una perspectiva distinta.

Vaca Muerta puede modificar la restricción estructural de divisas. Las exportaciones energéticas crecen, la infraestructura de transporte se expande y los proyectos de GNL pueden convertir al país en un exportador de otra escala. YPF proyecta exportaciones energéticas cercanas a US$50.000 millones anuales hacia 2031.[10]

Ese proceso no nació con Milei. Entre sus condiciones de posibilidad estuvo la recuperación del control estatal de YPF en 2012, que modificó la estrategia heredada de Repsol y volvió a colocar el desarrollo de los recursos no convencionales en el centro del negocio. Después llegaron capital privado, tecnología, infraestructura y políticas de gobiernos de distinto signo.

El potencial es enorme: un país capaz de generar estructuralmente decenas de miles de millones de dólares adicionales dependerá mucho menos del endeudamiento para obtener divisas.

Pero existe un desfasaje decisivo: el largo plazo puede ser favorable mientras el corto plazo sigue siendo extremadamente frágil. La renta capaz de modificar estructuralmente la relación entre deuda, reservas y autonomía aparece sobre todo hacia el final del período 2027-2031 y después.

El próximo gobierno tiene que llegar hasta allí.

2027: Argentina, Brasil y el margen de autonomía

Milei convive cómodamente con la actual relación de fuerzas porque su dependencia financiera no contradice su política exterior. Su alineamiento con Washington es voluntario.

La verdadera prueba llegará cuando gobierne alguien que pretenda recuperar autonomía.

Incluso si se revirtiera la proscripción que pesa sobre Cristina Kirchner y eventualmente regresara a la Presidencia, su primer problema de política exterior no sería China, Brasil, los BRICS, Gaza o Venezuela: sería cómo administrar la relación con Washington sin precipitar una crisis financiera.

El mismo razonamiento vale para Axel Kicillof o para cualquier futuro gobierno peronista que pretenda una inserción menos subordinada. Puede cambiar el Presidente; no desaparecen US$58.000 millones de deuda con el Fondo, los vencimientos ni la sensibilidad financiera al dólar.

Ése es el límite material de la autonomía.

Y allí aparece Brasil. No como tutor de la política exterior argentina ni como intermediario necesario frente a China, sino como el socio regional cuya coordinación puede ampliar el margen de maniobra de ambos países.

La perspectiva de este texto es argentina. Desde Buenos Aires, la relevancia de Brasil no reside en reconocerle una conducción sobre Sudamérica. Reside en un dato material: Argentina y Brasil son las dos mayores economías de la región y, cuando articulan posiciones, aumentan su capacidad de negociación frente a potencias extrarregionales y dentro de los foros multilaterales.

Brasil representa alrededor de la mitad del territorio, la población y el producto de Sudamérica. Ese peso le da una gravitación regional singular, pero no convierte la relación bilateral en una relación de subordinación. Para Argentina, una relación estratégica con Brasil puede diversificar apoyos y ampliar su margen de maniobra; para Brasil, una Argentina con mayor capacidad de elección aumenta las posibilidades de coordinación regional. La ganancia potencial es recíproca.

La cuestión adquiere peso en un contexto donde la capacidad estadounidense de proyección regional creció: Paraguay amplió el marco jurídico para presencia temporal de personal militar norteamericano; Colombia profundizará su ya históricamente intensa cooperación con Washington; la intervención estadounidense en Venezuela modificó la relación de fuerzas en ese país; Chile, Perú y Ecuador presentan gobiernos más receptivos a la agenda de Trump; y fuera de Sudamérica, el otro grande de la región, México, tiene condicionamientos estadounidenses estructurales gobierne quien gobierne.[11]

No hace falta hablar de un "cerco" a Brasil. El dato estratégico alcanza: la capacidad estadounidense de proyección política, militar, financiera y de seguridad dentro de Sudamérica aumentó significativamente.

En ese escenario, una Argentina cuya estabilidad financiera permanece estrechamente vinculada a Washington enfrenta límites concretos para acompañar iniciativas regionales cuando éstas chocan con las preferencias estadounidenses.

El problema no es que esa vulnerabilidad argentina reduzca únicamente las opciones de Brasil. Reduce la capacidad de ambos países para articular posiciones cuando sus intereses convergen. A la inversa, una coordinación sostenida entre Buenos Aires y Brasilia puede aumentar el poder relativo de los dos frente a Washington, Beijing y otros actores.

El antecedente venezolano aporta una enseñanza adicional. En 2024, Venezuela intentó incorporarse como país asociado a los BRICS y quedó afuera por la oposición brasileña, pese al apoyo de otros miembros. El episodio demuestra que su posición puede pesar de manera decisiva cuando el bloque proyecta decisiones sobre la región.[12]

Para Argentina, eso importa. Pero no significa que necesite a Brasil para relacionarse con China.

Beijing puede negociar bilateralmente con Buenos Aires, ampliar un swap, financiar proyectos o estructurar otros mecanismos sin pasar por Brasilia. Pero si el objetivo excede una operación bilateral y apunta a construir una alternativa financiera más amplia —vinculada con los BRICS, el CRA o una arquitectura regional—, la coordinación con Brasil puede fortalecer la posición argentina y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de incidencia brasileña. Un entendimiento Buenos Aires-Brasilia no es una condición para hablar con Beijing: es un multiplicador de poder. Lo mismo aplica para relacionarse con la Federación Rusa e India.

Si un gobierno argentino en 2027 pretende reconstruir su relación con Beijing, recuperar vínculos con los BRICS y reducir la dependencia de Washington, le convendrá hacerlo articulando con Brasil allí donde existan intereses comunes. Si Lula es reelegido, esa convergencia podría convertirse en una cuestión estratégica de su próximo mandato y, al mismo tiempo, en una herramienta de política exterior para un nuevo gobierno argentino.

Y quizá sea también una de las ideas que los decisores de la actual oposición argentina deberían empezar a llevar al Planalto. No pedir que Brasil "salve" a Argentina ni esperar solidaridad ideológica, sino plantear un interés compartido: una Argentina menos expuesta a un único sostén financiero gana libertad de acción; un Brasil capaz de coordinar con una Argentina más autónoma gana peso internacional. No se trata de liderazgo brasileño sobre Argentina, sino de acumulación recíproca de capacidad negociadora.

Las preguntas son pocas y difíciles: ¿puede reformarse el Acuerdo de Reservas Contingentes (CRA) de los BRICS, un fondo de US$100.000 millones que nunca se utilizó y aún depende parcialmente del FMI? ¿Puede construirse una red de liquidez y garantías entre Argentina, Brasil, China, CAF, NDB y otros actores sin socializar el riesgo soberano? ¿Qué instrumentos permitirían ampliar la autonomía local y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de articulación internacional de ambos países?

No son preguntas de solidaridad. Son preguntas de poder.

Hasta aquí, el problema puede describirse con categorías relativamente sobrias: dependencia financiera asimétrica, restricción externa, pérdida de autonomía material, coerción geoeconómica.

En otro contexto, recurrir a expresiones como "colonia financiera" o "terrorismo financiero" habría podido sonar excesivo, panfletario o conceptualmente poco riguroso. Pero la crudeza de la geopolítica actual obliga, al menos, a poner esas categorías sobre la mesa y preguntarse si describen algo que las fórmulas más sobrias ya no alcanzan a capturar.[13]

Argentina concentra más de un tercio de todos los créditos pendientes del FMI y casi la mitad de su cartera ordinaria. El Fondo condiciona políticas, disfruta de tratamiento preferente como acreedor y tiene en Estados Unidos a su principal polo individual de poder. En 2025, Washington agregó algo extraordinario: utilizó directamente su Tesoro, compró pesos y puso hasta US$20.000 millones a disposición de la estabilización argentina en pleno proceso electoral. Trump vinculó luego la continuidad de ese respaldo con el resultado de las urnas.

Al mismo tiempo, el principal logro político de Milei depende de preservar la desinflación, y el dólar —respaldado en parte por reservas reconstruidas mediante nuevos pasivos— ocupa un lugar central en ese resultado.

A partir de esa estructura, una expresión más dura se vuelve al menos discutible en términos intelectuales, y no simplemente retóricos.

Argentina presenta hoy rasgos propios de una colonia financiera.

No porque haya perdido sus instituciones o su soberanía jurídica, ni porque Washington determine cada decisión de Buenos Aires. La expresión apunta a la distancia entre soberanía formal y autonomía material: el país conserva el derecho a decir que no, pero el costo económico de ejercerlo frente a su principal sostén financiero puede volverse extraordinariamente alto.

Algo parecido ocurre con la noción de terrorismo financiero. Utilizada como categoría jurídica sería impropia. Utilizada políticamente, sin embargo, obliga a formular una pregunta incómoda: ¿cómo llamar a una situación en la que la continuidad de una red financiera capaz de afectar el dólar, la inflación y la estabilidad social se vincula públicamente con el resultado de una elección?

No se trata de convertir una metáfora en una definición técnica. Se trata de reconocer que la frontera entre respaldo económico, coerción e intimidación financiera se volvió mucho más difícil de trazar.

Washington no necesita fijar el valor del peso ni impartir órdenes explícitas. Le alcanza con disponer de instrumentos capaces de alterar rápidamente las expectativas acerca de la red financiera que sostiene la estabilidad argentina.

Vaca Muerta puede modificar esa relación. Pero no mañana.[10]

El gobierno que asuma en diciembre de 2027 deberá atravesar primero la transición entre una Argentina todavía profundamente dependiente del financiamiento externo y otra que, si las proyecciones energéticas se cumplen, podrá generar una masa de divisas capaz de recuperar márgenes sustanciales de autonomía.

Hasta entonces, la pregunta argentina será cómo recuperar libertad de acción sin precipitar una crisis antes de tiempo. Construir puentes sin subordinación.

Y para el Sur Global queda otra, más amplia: ¿puede existir una verdadera multipolaridad política mientras el prestamista de última instancia siga siendo, en los hechos, esencialmente unipolar?