El gobierno de Javier Milei puso en vigencia este miércoles un nuevo esquema de cálculo de los costos e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos en el AMBA y otros servicios de jurisdicción nacional.
Así quedó plasmado en la Resolución 8/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta. Allí se dispone la aplicación de la "Metodología de Cálculo de Costos de Explotación del Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Nacional de la Región Metropolitana de Buenos Aires".
Para elaborar el nuevo esquema de actualización de tarifas la Subsecretaría de Transporte Automotor elaboró una serie de informes técnicos que incluyen ajustes en los costos operativos, entre ellos la actualización de salarios así como también la revisión de variables como el precio del gasoil, insumos, pólizas de cobertura de responsabilidad civil y demás costos asociados a la prestación del servicio.
Frente a este diagnóstico la Secretaría de Transporte adelantó que será necesaria una actualización de tarifas "para los períodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025 y aplicable este último para los períodos mensuales subsiguientes, hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos".
Así, las123 líneas de colectivos que atraviesan jurisdicciones entre el territorio porteño y el bonaerense, y que dependen de la Secretaría de Transporte nacional, estarán alcanzadas por esta medida. A esto se sumará una indexación mensual que ajustará los valores según la inflación nacional más un 2% adicional.
El texto establece además que “las referidas compensaciones tarifarias serán afrontadas, respectivamente, con recursos propios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de la Provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional, en función del ámbito geográfico en que se prestan los servicios públicos de transporte automotor”. Mientras que las compensaciones que deba afrontar el Estado Nacional, serán abonados con los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y con recursos del Presupuesto General.
