Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó graves irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar casi 6.000 kilómetros de rutas nacionales. El documento oficial reveló que durante 2022 —pleno gobierno de Alberto Fernández— la compañía registró pérdidas por más de $30.000 millones, en un contexto de graves irregularidades administrativas, debilidades en los controles internos y una estructura sobredimensionada.
El desmanejo en la administración de Corredores Viales S.A. derivó, primero, en la intervención de la empresa, dispuesta por el presidente Javier Milei, y en una denuncia penal que instruye el juez federal Ariel Lijo. En paralelo, el Gobierno avanzó con la privatización total de Corredores Viales, que tiene como fin último la disolución de la empresa.
Una empresa deficitaria
Corredores Viales S.A. fue creada en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, mediante el Decreto 794/17, como una estructura paralela a la Dirección Nacional de Vialidad.
Su objetivo original era administrar corredores estratégicos bajo el sistema de peajes. Sin embargo, con el paso de los años, la empresa se transformó —según los propios informes oficiales— en un organismo caro, opaco y deficitario.
De acuerdo con el Informe de Situación Empresaria, aprobado en septiembre de 2023, la compañía administra y opera aproximadamente 5.900 kilómetros de rutas nacionales en distintas provincias, con una dotación de 4.097 empleados al cierre de 2022. El capital social está distribuido entre el Ministerio de Obras Públicas (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%).
Números en rojo
El dato más contundente del informe es el resultado económico: una pérdida neta de $30.047.931.000 en 2022, más del doble que el déficit de 2021, que había sido de $12.852 millones. A pesar de que el tránsito en las 42 estaciones de peaje aumentó un 17,2% interanual, alcanzando casi 196 millones de vehículos, los ingresos por peajes cayeron un 7%, en parte por el atraso tarifario.
El margen bruto sobre ventas fue negativo en un 49%, lo que dejó en evidencia que los costos operativos superaron ampliamente a los ingresos. Para sostener la operatoria, el Tesoro Nacional transfirió $14.619 millones durante ese ejercicio, destinados a gastos corrientes y obras de capital.
Irregularidades y falta de control
La SIGEN fue todavía más dura al analizar el funcionamiento interno de la empresa. En al menos siete auditorías, el organismo de control detectó “debilidades en el sistema de control interno”, especialmente en los circuitos de compras y contrataciones, recaudación, pagos de tesorería, gestión de recursos humanos, tecnología de la información, inventario de activos fijos y viáticos.
Uno de esos informes derivó en la intervención del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N.° 12, a cargo de Ariel Lijo, que desde el año pasado investiga presuntas maniobras irregulares en la compañía.
También se detectaron erogaciones por más de $128 millones vinculadas a la anterior concesionaria AEC S.A., actualmente bajo revisión judicial, y demoras en la modernización del sistema de percepción de peajes, en parte por trabas a la importación de equipos.
“Una empresa cara e ineficiente”
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sigue de cerca la situación de Corredores Viales. Su director ejecutivo y responsable del área de transparencia, Jorge Zatloukal, fue categórico al ser consultado por Infobae: “Es una empresa cara e ineficiente. El 70% de la red vial está en condiciones pésimas, existe opacidad y una planta de personal sin funciones claras y sobredimensionada. Es una estructura paralela a Vialidad Nacional”.
“Se debe volver a las buenas prácticas que supo tener Vialidad Nacional, que construía y mantenía rutas con los recursos del impuesto a los combustibles. El esquema de peajes es inviable si solo sirve para cortar el pasto. Sin rutas libres, no hay libertad”, agregó.
Intervención y privatización
En abril de 2025, frente al cúmulo de irregularidades que presentaba la sociedad del Estrado, Milei dispuso la intervención de Corredores Viales, designando a Anastasia María Adem como quien estará a cargo del proceso. Entre sus funciones se encuentran la realización de auditorías integrales, la evaluación del estado financiero y operativo de la empresa y un relevamiento completo de los corredores viales.
Dos meses antes, el 17 de febrero de 2025, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 97/2025. Allí se autoriza el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales SA (CVSA).
Este proceso implica la adjudicación al sector privado de las rutas y tramos que actualmente opera CVSA. Esto se realizará mediante contratos de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley de Concesión de Obra Pública 17520.
Esta medida pone en ejecución lo dispuesto en la Ley Bases, que había declarado a la empresa estatal CVSA “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos de los Capítulos II y III de la Ley de Reforma del Estado 23696.
Al respecto, se prevé que el Ministerio de Economía −con la asistencia de la Unidad Ejecutora Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”− adopte las medidas necesarias para proceder con la privatización.
El plan contempla la extinción de los contratos vigentes, la concesión de más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados a través de licitaciones en la plataforma CONTRAT.AR y, finalmente, la disolución de la empresa estatal.
El objetivo oficial es reducir la presencia del Estado, atraer inversión privada y mejorar el estado de la red vial, con un ahorro fiscal significativo. La segunda etapa de licitaciones está prevista para este año.
Mientras tanto, Corredores Viales sigue intervenida, bajo investigación judicial y convertida en un símbolo de una gestión que dejó miles de millones en pérdidas, rutas deterioradas y un esquema administrativo que hoy el Gobierno busca desarmar.
