Una denuncia judicial puso bajo la lupa las condiciones de financiamiento de Mercado Pago, luego de que una asociación de consumidores acusara a la plataforma de aplicar tasas de interés superiores al 1300% anual. El reclamo busca que se revisen los cargos cobrados durante los últimos tres años y podría tener un alcance masivo, con hasta 7 millones de usuarios potencialmente alcanzados.
La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
Según las mediciones realizadas por ACFRA, los intereses aplicados por la plataforma superarían el 1300% anual, un nivel que la organización considera desproporcionado para los usuarios que accedieron a financiamiento.
El objetivo del colectivo de consumidores es que la Justicia analice los montos cobrados por la empresa durante los últimos tres años y, en caso de comprobarse cobros indebidos, ordene la devolución de las sumas correspondientes.
Espasandín explicó en el streaming Contra Ataque que muchos usuarios recurrieron a este tipo de financiamiento para afrontar contingencias económicas concretas, pero terminaron enfrentando costos financieros que, según la asociación, resultaron excesivos.
La causa se inició a partir de dos presentaciones individuales, aunque la estrategia de ACFRA apunta a que el planteo tenga alcance colectivo.
En concreto, la asociación busca que una eventual resolución favorable no quede limitada a quienes realizaron las denuncias originales, sino que alcance a todos los usuarios que se encuentren en una situación similar.
El objetivo central de la presentación es que los tribunales determinen si los costos financieros aplicados por Mercado Pago fueron abusivos y, en caso de comprobarse irregularidades, dispongan la restitución de los importes cobrados indebidamente.
Por ahora, se trata de un proceso judicial en trámite y la acusación corresponde al planteo realizado por ACFRA. No existe todavía una resolución definitiva sobre la legalidad de las tasas cuestionadas.
Si el reclamo prosperara con alcance colectivo, el impacto podría ser significativo debido a la cantidad de usuarios potencialmente involucrados, con hasta 7 millones de personas alcanzadas por una eventual sentencia favorable.
