La Ciudad, a través de la Procuración General, pidió que se anule el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación de mañana en el Congreso.
El juez dispuso correr del operativo a las fuerzas federales y ordenó que el mismo esté a cargo de la Ciudad.
La Procuración de la Ciudad recordó que CABA “ha asumido la responsabilidad primaria e indelegable en el diseño, planificación y ejecución de los operativos de seguridad en su territorio, incluyendo la zona adyacente al Congreso de la Nación, con la sola excepción de los denominados “objetivos federales”
Según el escrito, de cara a la movilización prevista para el día 9 de abril de 2025, se mantuvieron conversaciones preliminares con representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, en virtud del principio de coordinación que rige las políticas públicas en materia de seguridad.
En dichas instancias, “se nos informó que las fuerzas federales establecerán un perímetro acotado para la protección específica del edificio del Congreso Nacional, comprendido entre las calles Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Rivadavia, Combate de los Pozos y Solís. Dentro de ese perímetro, se instalarán vallados y se desplegará personal exclusivamente en función de su competencia federal”, explicó CABA.
La apelación consigna que la medida fue dispuesta sin intervención previa del Gobierno de la Ciudad y que el GCBA “en ningún momento renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad”.
Así, la Procuración solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para que resuelva rápidamente ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
Arbitrariedad de la medida
El recurso presentado considera improcedente la medida dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.
En los fundamentos expuestos por la Procuraduría se sostiene que la resolución del juez Gallardo es “nula”
La medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa.
La Ciudad, “en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad” Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento.
Además, según la presentación, el Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
También, la apelación sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad.
Sostuvo que “afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad”
La presentación fue firmada por Agustín Luzzi, Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
